El vicepresidente Tareck El Aissami indicó que en la reunión extraordinaria las partes decidieron "declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017, con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar".
Este consejo, presidido por el jefe de Estado o el vicepresidente, debe estar acompañado por los presidentes del Parlamento, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Moral Republicano, y por los ministros de Defensa, Seguridad Interior, Relaciones Exteriores, y Planificación, así como otras carteras cuya participación se considere necesaria.
En octubre de 2016, el presidente Nicolás Maduro también recurrió a esta figura para evaluar lo que denominó como un intento de golpe de Estado parlamentario, luego que los diputados opositores firmaran un acuerdo para iniciar un "juicio político" contra su investidura, y en 2017 para llamar al TSJ a revisar las sentencias 155 y 156, tras las advertencias de la Fiscalía General de alteraciones del orden democrático y constitucional en las mismas.
"No será el presidente (estadounidense) Donald Trump ni nadie en este mundo que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una democracia profundamente protagónica y participativa", expresó El Aissami.
"Las fuerzas oscuras del imperio norteamericano y de otras potencias extranjeras que han plagado de miseria y de guerras al mundo entero pretenden agredir la historia viva y gloriosa de Venezuela", agregó.
Ante estas acciones, el vicepresidente anunció un plan de defensa de la nación que incluye, además de la declaración en sesión permanente del Consejo de la Defensa, otros cuatro puntos.
Entre esos puntos se encuentran: activar el plan de defensa en el campo diplomático que tiene como objetivo alertar y denunciar en el mundo los ataques a Venezuela, establecer mecanismos para la defensa de la economía, convocar a la unión cívico militar para la defensa de la paz y la Constitución y desplegar el ejército el próximo 21 de julio, previo a la elecciones del 30 de julio.
Desde hace tres meses el país sudamericano atraviesa una de las mayores crisis políticas de los últimos cuatro años.
Las manifestaciones contra el Gobierno, que comenzaron el pasado mes de abril, han dejado 96 muertos, entre los que se encuentran opositores, oficialistas, funcionarios de seguridad y transeúntes.
El jefe de Estado convocó la Asamblea Nacional Constituyente como una vía de diálogo nacional, luego que la oposición se negara a retomar alguna otra vía de conversaciones.
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Sin embargo, desde que se llamó a este proceso la oposición ha intensificado sus manifestaciones e incluso a finales de mes de junio llamó a la desobediencia civil, un plan al que también ha dado apoyo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien hasta el pasado 31 de marzo fue considerada una figura cercana a la revolución bolivariana.
