"El delito de concierto para delinquir para promover grupos armados ilegales no puede equipararse como un delito político", indicó el alto tribunal, según informa la prensa local.
Según el análisis jurídico de ese tribunal, los beneficios que se avalaron en el acuerdo final para la paz solamente cobijan a los combatientes y no a aquellos que con su actuar hubiesen promovido, financiado, apoyado y gestionado acciones para la expansión de grupos armados ilegales y sus actos.
La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en los diálogos de La Habana para procesar a los actores de crímenes asociados con el conflicto armado, entre ellos insurgentes y militares.
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Sin embargo, la misma aún no ha comenzado a operar en el país.
