En la madrugada del 3 de julio dos internos del centro correccional Las Gaviotas, en Ciudad de Guatemala, aparecieron colgados muertos y ahora las autoridades investigan si se trata de un suicido o de un asesinato.
Después de ese hecho, se produjo un motín.
"Una vez que se retiró el Ministerio Público (fiscalía) del lugar, aprovechando que había movilización dentro del centro, adolescentes y adultos iniciaron un amotinamiento en dos módulos", pero no por esas dos muertes, sino para exigir una serie de peticiones que vienen esgrimiendo desde hace tiempo, añadió Dubón.
Las Gaviotas es un centro correccional donde están mezclados adultos con menores, y por esa razón no depende del sistema penitenciario, sino de la SBS.
En opinión de Dubón, el Gobierno debe ser capaz de asignar los suficientes recursos y respaldar las acciones de la SBS y de las nuevas autoridades "para generar verdaderos cambios en la normativa que se está discutiendo en el Congreso" para reformar la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, aprobada en 2003.
La SBS se encarga de la formulación y ejecución de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia en el país centroamericano.
Seis en una cama
Las quejas sobre el hacinamiento son comprensibles, pues "hay habitaciones para 8 y 10 personas donde están durmiendo entre 40 y 50, haciendo dos turnos, o incluso durmiendo seis en una misma cama, lo cual es inhumano", denunció Dubón.
Tampoco son buenas la calidad ni la cantidad de comida que reciben esos jóvenes.
"Los derechos que tienen que ver con la educación o con recibir un tratamiento adecuado son derechos fundamentales que no son negociables y el Estado debe cumplir con ellos", señaló el activista.
Peticiones como las visitas conyugales no son convenientes "porque son adolescentes de 13 y 14 años, y tampoco pueden pedir que se les deje vestir como quieren porque es un centro de rehabilitación y privación de libertad y tiene que tener su propia normativa", añadió.
Mezcla de perfiles
Las Gaviotas en un centro para adolescentes que han cometido delitos, algunos de ellos graves, en el que conviven tanto los que han sido sentenciados como los que están en proceso, es decir, "no hay una claridad en los perfiles de atención", explicó Dubón.
De los 570 internos albergados en el centro, unos 200 son mayores de edad.
"Es un centro que no reúne condiciones porque la Secretaría de Bienestar Social no ha tenido el presupuesto adecuado, no hay una estructura terapéutica que permita atención individualizada y especializada de acuerdo a la problemática que presentan los adolescentes", añadió.
La tragedia se originó cuando algunas niñas prendieron fuego a unas colchonetas y, al quedar atrapadas, murieron calcinadas, mientras otras fallecieron días después en centros hospitalarios a consecuencia de las quemaduras.
Desde hace años las adolescentes protestaban por malos tratos y hacinamiento en ese orfanato.
Al igual que otros activistas, Dubón lamenta que la situación en los centros estatales para menores vulnerables no haya cambiado.
"Parece que no hemos entendido la gravedad y la dimensión del problema y seguimos dando aspirinas a un enfermo de cáncer (…) por eso es importante buscar un mecanismo de intervención con una línea clara de cómo transformar este sistema, o de lo contrario estas crisis se van a seguir repitiendo", advirtió.
En 2015 la población de 0 a 19 años constituía más de ocho millones de personas en un país de algo más de 16 millones de habitantes.
Un informe divulgado en octubre del año pasado por la Comisión del Menor y de la Familia arrojaba 23 casos diarios de violencia sexual infantil, 31 de maltrato y 15 desapariciones diarias de niñas, niños y adolescentes.
