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    Contralor general, Manuel Galindo y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

    Procurador venezolano asegura que convocatoria del presidente a una constituyente es legal

    © REUTERS / Miraflores Palace/Handout via Reuters
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    CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está facultado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin referendo consultivo previo, y esa potestad se la otorgaron los venezolanos que votaron por él en 2013, aseguró el contralor general, Manuel Galindo.

    "Entonces no hay duda, no cabe duda de que la iniciativa que tuvo el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de llamar a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, sea constitucional, no cabe duda", dijo el funcionario de la Contraloría General de Venezuela.

    Durante una ponencia sobre la constitucionalidad del proceso constituyente, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Galindo explicó los artículos 347 y 348 de la Constitución, los cuales han generado polémica entre factores oficialistas y opositores.

    El artículo 347 establece que: "El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".

    Mientras en el 348 se explica que "la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente" la podrán tener el presidente, con respaldo de su consejo de ministros, el Parlamento, mediante el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes, de igual forma los consejos municipales en cabildo, y el 15% de electores inscriptos en el registro nacional.

    En tal sentido, el procurador sostuvo que: "la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al presidente, o presidenta de la República, en consejo de ministro, órgano del poder ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular (…) indirecta que tiene el pueblo, transferida a través del voto, universal, directo y secreto en 1.999, cuando aprobó el artículo 348".

    A juicio de Galindo el proceso es constitucional, en primer lugar porque lo establece la Carta Magna, segundo, porque lo interpretó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y tercero "porque la mayoría del pueblo venezolano sabe y entiende que es así".

    Además, recordó que el proyecto de constitución que se va a aprobar en esa Asamblea Nacional Constituyente va a un referendo aprobatorio, por lo que reiteró que la población tendrá la última palabra.

    Presidente de Venezuela, Nicolas Maduro
    © REUTERS / Miraflores Palace/Handout via Reuters
    La Constitución de 1999, vigente actualmente, no perderá valor hasta que la población venezolana no apruebe la nueva, expuso Galindo, aunque recordó que sus legisladores tendrán poderes plenipotenciarios.

    "Sigue vigente la Constitución e inclusive, mientras se esté debatiendo título por título, artículo por artículo, el proyecto de constitución, esta constitución sigue en plena vigencia, porque la que la va a sustituir no ha sido aprobada por el pueblo, y esta Constitución de mantiene aún viva", añadió.

    En cuanto al artículo 333, referido recientemente por la oposición, recordó que no aplica porque en Venezuela no existe un "pretendido y fallido golpe de Estado", ni una derogación de la Carta Magna por algún medio distinto al previsto en ella, recordando que la constituyente es el mecanismo legal.

    La oposición también ha llamado a sus seguidores a la activación del artículo 350, que llama a la rebelión, al fijar que el pueblo venezolano, "desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

    Al respecto indicó que no es un artículo que está por encima de la Constitución y que en Venezuela no existe un régimen dictatorial, "eso no se puede aplicar a capricho".

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, el pasado primero de mayo, cuando el país enfrentaba el primer mes de intensas manifestaciones contra el ejecutivo y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

    Maduro lo planteó como un camino de diálogo para evitar nuevos escenarios de violencia en ese país.

    Sin embargo, la oposición lo asumió como un intento de golpe de Estado a las instituciones, y aseguran que tiene como objetivo "disolver la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y el ministerio Público", luego este último manifestara, desde el pasado 31 de marzo, sus posturas contra las políticas del mandatario.  

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