"Esa fue una información que recibí hace dos días, de que el tribunal 31 de Control de Caracas emitiría una orden de aprehensión contra la fiscal, pero conversando con los abogados me dicen que no es posible, que no procedería, además el proceso ese de antejuicio de mérito está en proceso, no pueden emitir una orden de captura", dijo a Sputnik el diputado.
Ferrer condenó el intento del Tribunal Supremo de Justicia, "de atacar a Ortega imponiéndole una vicefiscal que no fue designada por ella", algo que calificó de "absolutamente ilegal".
Sin embargo, el jueves 6 de julio, cuando Haringhton fue a entregar la notificación de su nombramiento, los trabajadores del Ministerio Público se apostaron tras las puertas de esa institución junto a la fiscal Ortega e impidieron su ingreso.
El 17 de abril, González fue nombrado por Ortega vicefiscal encargado; la magistrada afirmó que solo ella tenía la potestad para postular o destituir a la persona que ocupa ese cargo, y que es la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) el órgano que puede objetar tal decisión.
El 3 de julio, Ortega acudió ante la Asamblea para solicitar que González fuese ratificado en el cargo, lo cual fue aprobado por la mayoría de los diputados.
Esto le arrogaría al TSJ funciones legislativas, como ha venido ocurriendo desde entonces.
Así, Haringhton fue nombrada y juramentada el martes como vicefiscal por la Sala Constitucional del TSJ, algo que Ortega calificó de "ilegal".
La fiscal general, considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999 – 2013), comenzó a ser objeto de críticas por parte del oficialismo el pasado 31 de marzo, cuando aseguró que las sentencias 155 y 156 del TSJ representaban una ruptura del orden democrático y una violación a la Constitución.
Sin embargo, esos aspectos fueron cambiados tras un Consejo de Seguridad de la Nación, en el que participaron el presidente del TSJ, Maikel Moreno, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la fiscal Ortega.
Tras las sentencias la oposición inició una serie de manifestaciones contra el Poder Judicial, lo cual generó un escenario de choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que hasta el momento han dejado 91 muertos y más de 1.400 heridos.
Al respecto, la fiscal general ha denunciado violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad y contradijo algunas versiones de altos funcionarios de Estado sobre la muerte de un joven que falleció tras ser impactado en el tórax por una bomba de gas lacrimógeno.
La fiscal sostiene que se debió realizar una consulta a la población para preguntarles si quieren o no cambiar la Constitución.
Además, la máxima representante del ministerio Público introdujo varios recursos contra la constituyente, el Consejo Nacional Electoral y los magistrados del TSJ, y por esta última acción le abrieron un antejuicio de mérito por falta grave en el ejercicio de sus funciones.
El antejuicio fue iniciado tras una audiencia a la que la fiscal no acudió y en la que se le acusó con documentos de mentir acerca del proceso de selección de los magistrados, algo que Ortega niega.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo, consignaron ante el TSJ las pruebas de ello, mientras la fiscal se negó a asistir asegurando que se trataba de una sesión "amañada" e "ilegal".
Tras esta situación la fiscal también ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, protección para ella y los funcionarios del Ministerio Público, asegurando que son blanco de amenazas.
