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    Un 60% de empresas de México señalan corrupción en trámites gubernamentales

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Más de 60% de las empresas de México consideran que hay actos de corrupción para agilizar trámites gubernamentales, según la primera encuesta sobre el tema realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, estatal).

    "En las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites (64,6%), para evitar multas o sanciones (39,4%) y para obtener licencias y permisos (30,7%)", señala el capítulo dedicado a la "Percepción y experiencias de corrupción".

    Ocho de cada 10 empresas encuestadas perciben actos frecuentes de corrupción de funcionarios públicos, dos de cada tres actos ocurren en la agilización de trámites, y 11% de las empresas admitieron su participación en al menos un acto de corrupción durante 2016, indica la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.

    La encuesta estimó los costos monetarios totales de 2016 para las empresas en el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales en 115.700 millones de pesos (más de 6.300 millones de dólares, al cambio actual), que representan 0,56% del Producto Interno Bruto nacional, indica el resumen ejecutivo de la investigación.

    De ese monto, las empresas pagaron 1.600 millones de pesos en 2016 (87 millones de dólares) para "librar o agilizar procesos", en otras palabras en sobornos, los más comunes relacionados con seguridad pública y las averiguaciones judiciales previas.

    Los actos de corrupción más comunes en trámites se cometen en relación con las autoridades de seguridad pública (27,5%), averiguaciones previas judiciales (15,6%), procesos judiciales laborales o mercantiles (15,4%) y obtención de licencias o permisos especiales (12,5%).

    Cada empresa pagó en sobornos un promedio equivalente a unos 670 dólares.

    Obstáculos administrativos

    Del total de las unidades económicas encuestadas, 20,2% señalaron que el marco regulatorio "representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios", por las normas, trámites, solicitudes e inspecciones según su actividad económica, indica el documento de 21 páginas de la encuesta aplicada a 34.681 empresas de "42 municipios estratégicos" en todo el país.

    En promedio, cada empresa del sector privado gastó 48.871 pesos por las cargas administrativas gubernamentales (casi 2.700 dólares).

    La primera encuesta sobre la calidad de clima de negocios en México indica que cada una de las empresas encuestadas realizó un promedio anual de casi 20 trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades federales, estatales o municipales.

    Más de la mitad de las unidades económicas (50,9%) consideraron que en 2016 las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas "fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las del año 2015".

    La investigación preguntó a los empresarios, en primer lugar, sobre las experiencias y percepción del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos.

    La segunda batería de preguntas se refirió a la "percepción de los marcos regulatorios que rigen a las unidades económicas ya establecidas y a aquellas que pretenden establecerse en México".

    El tercer y último rubro indagó sobre la "percepción y experiencias en las unidades económicas en relación con actos de corrupción al momento de realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos".

    No obstante esos obstáculos salvados de manera irregular, una gran mayoría de los empresarios entrevistados (77,7%) consideraron que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios "se da en un ambiente de confianza", y solo un 9,2% señalaron haber tenido problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos.

    De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades jurisdiccionales durante 2016, un 61,5% aseguraron que los procesos abiertos fueron imparciales.

    Sin embargo, al evaluar las instalaciones de servicios públicos básicos y de infraestructura, un 75,6% "refieren que están en mal estado", y un 76% "dijeron que son inseguras".

    A pesar de la precepción de inseguridad, durante 2016, en un 90,2% de las unidades económicas "no fue necesario contratar servicios de seguridad privada".

    Sobre el servicio de energía eléctrica, en poco más de la mitad (58,7%) "se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles".

    El servicio de infraestructura con mayor nivel de satisfacción fueron los aeropuertos (68,1%) y los correos (64,7%).

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    Etiquetas:
    encuesta, fraude, corrupción, México
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