La querella, presentada en marzo por el abogado Daniel Jaime Igolnikov, se refiere a la "creciente militarización de las Islas Malvinas vía Brasil", y acusaba a Macri, Dujovne y Malcorra del delito de violación de los deberes de funcionario público.
"La justicia debe ser respetuosa tanto del derecho a la libertad de expresión, como del principio republicano de división de poderes", insistió el fiscal.
En consecuencia, "más allá de la valoración política que la conducción del Poder Ejecutivo merezca, lo cierto es que la esfera de competencia funcional de este Ministerio Público está limitada a la persecución de los delitos en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad", indicó Di Lello.
En lo que va de año, al menos cuatro aeronaves Hércules fueron autorizadas a ingresar en territorio brasileño para cargar combustible.
Durante 2016, otros seis vuelos de la Real Fuerza Aérea británica despegaron de aeropuertos brasileños y aterrizaron en la base militar Monte Agradable, en Malvinas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, a cargo por entonces de la ministra Susana Malcorra, presentó en marzo una queja formal por estas maniobras.
Este país integra el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), dos bloques que se comprometieron a no receptar en sus aeropuertos aeronaves o buques británicos de guerra apostados en el archipiélago cuya soberanía Argentina discute con Reino Unido desde 1833.
