"He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición con relación a los delitos federales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo así ante el Poder Judicial de la Federación de mi país (México)", expresó Duarte en la tercera audiencia de un juicio de extradición celebrado en Guatemala.
"En ninguna de las pruebas aparece mi nombre (ni el) de ninguno de mis familiares directos, y la propia solicitud formal de extradición aclara que ni fui, ni soy, ni seré ejidatario de ningún ejido en mi país; es un punto importante porque esa prueba está viciada", manifestó Duarte en su defensa.
El fiscal guatemalteco José Galdámez dijo en la vista pública que el castigo por los delitos imputados al político, quien llegó al cargo por el goberante Partido Revolucionario Institucional (PRI), podría ser una condena de hasta 40 años de cárcel por delincuencia organizada y otros 15 años por "operaciones con recursos de procedencia ilícita".
La defensa
Duarte se negó a aceptar la extradición en la primera audiencia el 20 de abril pasado, pero en la segunda comparecencia la defensa cambió su estrategia y decidió aceptar lo antes posible la extradición el 27 de junio, supuestamente para evitar la imputación de nuevos cargos.
El abogado defensor Carlos Velázquez dijo que "en ningún caso se logró probar que esa organización supuesta de carácter delincuencial está liderada por Javier Duarte", y por esa razón aceptaba la extradición de su cliente, para probar su inocencia.
"Se trata de desviar la atención de que hay una persecución política", argumentó el abogado.
La fiscalía avaló por su parte los requisitos de la solicitud de extradición por parte del Gobierno mexicano, y consideró que el político y su esposa Karime Macías buscaron apropiarse de recursos del gobierno del petrolero estado de Veracruz.
"Hay una investigación basada en ley, con fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan el pedido" de extradición, expresó el fiscal Galdámez.
La entrega de Duarte a las autoridades federales de México se realizará "para evitar que los delitos cometidos queden impunes", puntualizó la fiscalía.
Las acusaciones incluyen "abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición".
Otra acusación señala el desvió de fondos de la Comisión del Agua de Veracruz por más de 12 millones de dólares actuales (unos 220 millones de pesos).
El sucesor de Duarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes —quien logró derrotar por primera vez en casi nueve décadas al PRI en Veracruz- denunció que el daño al patrimonio de ese estado asciende a unos 2.000 millones de dólares, y ya presentó medio centenar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación.
MCCI también descubrió en abril de este año documentos de la fiscalía de Brasil sobre sobornos de la constructora Odebrecht para adjudicarse dos grandes proyectos en Veracruz durante el gobierno de Duarte.
