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    CARACAS (Sputnik) — La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió una medida de protección para ella y los demás empleados el Ministerio Público ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    "Solicité ante la CIDH medidas cautelares para proteger a todos los funcionarios que trabajamos en el Ministerio Público", expresó la fiscal.

    El pasado 12 de junio Ortega responsabilizó al Gobierno de Venezuela de cualquier daño del que pueda ser objeto su familia.

    "Yo quiero hacer responsable, a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo de lo que le pueda pasar a mi familia, no es posible que mi familia sea objeto de amenazas", dijo la titular del Ministerio Público en una entrevista con la emisora local Unión Radio.

    En 2013, la fiscal general de Venezuela acusó a la CIDH de estar a favor de las decisiones de Estados Unidos, y de no reaccionar ante las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas en su país ante la llegada del presidente Hugo Chávez (1999-2013) y avaló la salida de este país de esa institución.

    "Desde su creación, las actuaciones (de la CIDH) han estado parcializadas y encaminadas a favorecer el país hegemónico, Estados Unidos, que se erige como promotor de condenas contra sus enemigos", añadió hace cuatro años Ortega.

    Sin embargo, desde el pasado 31 de marzo las declaraciones del fiscal general dieron un vuelco, no solo con respecto la CIDH, a la que solicitó protección, sino por sus pronunciamientos contra el Gobierno.

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    Desde hace tres meses Ortega, considerada cercana al oficialismo, ha emitido declaraciones contra el presidente Nicolás Maduro, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando que existe una ruptura del orden democrático, y una violación de Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

    Además, la fiscal se ha opuesto firmemente a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le ha valido el apodo de "traicionara" por parte del jefe de Estado, su tren de Gobierno y gran parte de sus seguidores.

    Ortega asegura que para convocar a una constituyente se debe realizar previamente un referéndum consultivo, algo que fue desmentido por el TSJ tras una interpretación de los artículos de la Constitución que se refieren al tema (347 y 348).

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    Etiquetas:
    derechos humanos, protección, Luisa Ortega, Venezuela
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