Supremo de Venezuela congela cuentas de la fiscal general y prohíbe su salida del país

CARACAS (Sputnik) — La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó congelar las cuentas de la fiscal general Luisa Ortega y prohibió su salida del país.

"Las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena en aras de garantizar el cauce procesal respectivo consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país de la ciudadana Luisa Ortega Díaz; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes, y congelar todas sus cuentas bancarias", indicó el órgano judicial en un comunicado.

El TSJ también fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre solicitud de antejuicio contra Ortega.

Así, la Sala Plena del órgano judicial, presidida por el magistrado y presidente del TSJ, Maikel Moreno, aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito por faltas graves que introdujo el pasado 16 de junio.

El fallo ordena notificar a Luisa Ortega, Pedro Carreño y al defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, a los fines de que comparezcan a la audiencia oral y pública fijada para el 4 de julio a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

Ortega, una mujer considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y al proceso revolucionario que este inició, se convirtió en una figura polémica para el oficialismo en los últimos meses.

La fiscal general alertó nuevamente, como ha hecho desde el pasado 31 de mayo, sobre supuestas violaciones a la Constitución y denunció que el TSJ intenta "desmantelar progresivamente al Ministerio Público" como asegura "ocurrió con la Asamblea Nacional".

A la funcionaria se la acusa de faltas graves en el ejercicio de su cargo, por interponer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la designación de los magistrados de la máxima corte por supuestas irregularidades en su designación.

Estos magistrados fueron nombrados por el saliente parlamento de mayoría oficialista en diciembre de 2015, en una sesión extraordinaria convocada el 23 de diciembre, poco antes de que asumiera la nueva legislatura, con mayoría opositora.

Sobre este recurso la Sala Constitucional resolvió que cualquier acción que tenga el objeto de anular la designación de los magistrados es contraria al procedimiento constitucional para la remoción de los magistrados y consideró nulo el acto de la fiscal.

Además, advirtió el TSJ que "quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda".

La fiscal general es objeto de críticas por algunos sectores del oficialismo, quienes la califican como "traidora" e "indigna" e incluso aseguran que este revés en su comportamiento está relacionado con pretensiones electores de la jurista.