"La tortura aún persiste en el paisaje brasileño como un continuismo autoritario del pasado; tenemos que fortalecer las políticas públicas de prevención, combate y erradicación", explicó Piovesan en una entrevista publicada el 26 de junio por la Agencia Brasil.
En ese sentido, Piovesan defendió que los estados brasileños copien este instrumento del Gobierno Federal para garantizar investigaciones imparciales.
La semana pasada Piovesan fue elegida integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asumirá el cargo en enero de 2018.
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Brasil prohibió la tortura explícitamente en su Constitución de 1988 y el país ratificó diversas convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la condenan, pero aun así la práctica persiste.
En 2010 Brasil fue condenado por la CIDH a investigar y condenar a los autores de violaciones de derechos humanos durante el periodo militar, pero la sentencia no fue plenamente cumplida.
"A pesar de que el Ministerio Público haya propuesto hasta ahora 27 acciones penales, la mayoría se encuentra paralizada bajo los argumentos de prescripción y amnistía; la impunidad permanece incluso después de una condena internacional", lamentó Suiama en declaraciones a la Agência Brasil.
La ONU designó que el 26 de junio fuera el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
