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    ONG y periodistas exigen investigación independiente sobre espionaje en México

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El espionaje electrónico contra defensores de derechos humanos y periodistas, supuestamente realizado por el Gobierno de México, debe ser objeto de una investigación independiente, dijo a Sputnik el investigador de temas de corrupción Daniel Lizárraga.

    El periodista especializado, quien forma parte de un grupo de 12 personas que denunciaron el lunes ser víctimas de espionaje, consideró que "en el sistema mexicano es complicado encontrar una instancia que pueda hacer un peritaje independiente" sobre el uso del malware 'Pegasus', que suministra una empresa de Israel a Gobiernos para espiar la información de teléfonos celulares inteligentes.

    También sostuvo que la Presidencia no está respondiendo al señalamiento esencial del espionaje.

    "Está probada la existencia de un software con mensajes maliciosos para espiar; está probado que ese 'malware' se vende solo a Gobiernos, que sí fue adquirido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y está probado que los mensajes que recibimos los periodistas con ese fin están registrados y están circulando", dijo el investigador e integrante de una red que indaga las conexiones del escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en América Latina.

    El director general de Medios Internacionales de la Presidencia de México, Daniel Millán, respondió en una tarjeta informativa sin sellos oficiales a un reportaje publicado el lunes en The New York Times sobre el tema, titulado "Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias".

    El Gobierno de México replicó en tres párrafos que "condena cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", pero dijo que no existen pruebas del supuesto espionaje.

    Una investigación "irrefutable"

    La respuesta de la Presidencia indica que "nunca van a reconocer que espían, sería darse un balazo en el pie", dijo Lizárraga, quien formó parte del equipo de investigaciones especiales de Carmen Aristegui, la periodista que reveló que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, tenía una millonaria residencia adquirida a un contratista vinculado al Gobierno.

    El periodista relató a esta agencia que recibió muchos mensajes: "los más constantes fueron de supuestos adeudos elevados con la compañía telefónica, por más de 8.000 pesos".

    Ese conjunto de elementos incluidos en el reportaje del diario neoyorquino "es totalmente irrefutable", sentenció el ganador del premio del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

    "Está muy claro que (las autoridades federales) no pueden derrumbar las pruebas técnicas", replicó el autor ante la respuesta oficial.

    Recordó además que, muchos meses antes de la publicación en el diario estadounidense, abogados de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que encabezaron esta investigación sobre espionaje ya habían presentado la denuncia ante la fiscalía federal, que depende de la Presidencia de la República.

    El reportaje del periódico neoyorquino solo aumentó las conexiones al vincular los casos a más periodistas y defensores de derechos humanos.

    "Lograron ampliar el espectro de personas que fuimos intervenidas ilegalmente", explicó Lizárraga sobre el revuelo generado por la revelación.

    Abogados de DDHH vigilados

    Las organizaciones CitizenLab y Article19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y SocialTIC señalaron que la nueva investigación, publicada el lunes por el diario de Nueva York "demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción", y cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77.000 dólares.

    El principal método de infección documentado por las organizaciones "consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso".

    La publicación añade a la lista de espiados a los directivos del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro: su director Mario Patrón, la coordinadora del área Internacional, Stephanie Brewer, y el subdirector Santiago Aguirre, quienes fueron atacados con el malware espía 'Pegasus'.

    "Francamente no damos acuse de recibo a la respuesta de la Presidencia, esperamos que el Gobierno federal asuma una responsabilidad jurídica del tema, si no tiene nada que esconder", dijo Patrón a Sputnik.

    El abogado también planteó que el Gobierno establezca la responsabilidad de sus investigadores de inteligencia "para probar la voluntad o capacidad de investigarse a sí mismo" y adelantó que han pedido la formación de una comisión de expertos independientes.

    Asimismo recordó que el centro que dirige fue espiado en el marco de su trabajo de casos de graves violaciones derechos humanos, que son "investigaciones que permanecen en la impunidad".

    "Hemos pedido a mecanismos internacionales de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se emitan medidas cautelares para que cese el espionaje contra nosotros", puntualizó el centro que investiga la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya que involucra a militares y los casos de tortura sexual en una protesta en el pueblo de Atenco.

    El caso Aristegui

    Otro equipo que denunció vigilancia ilegal fue "Aristegui Noticias", que recibió casi 50 mensajes entre 2015 y 2016 enviados a su titular Carmen Aristegui, y a su hijo menor de edad, Emilio Aristegui.

    La periodista, quien también es presentadora de un programa de entrevistas en CNN, recriminó a Peña Nieto en una presentación de la denuncia.

    "¿Para qué quería la información de un adolescente?", preguntó la presentadora al mandatario y añadió: "¿De qué más es capaz, presidente siniestro?".

    Otro periodista que denunció espionaje es Carlos Loret de Mola, de la cadena Televisa, columnista de El Universal y conductor de noticieros de Radio Fórmula, mientras investigaba posibles ejecuciones extrajudiciales en la comunidad de Tanhuato, estado de Michoacán (oeste), por parte de la Policía Federal.

    La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) "denunció la vigilancia ilegal" contra Salvador Camarena, excorresponsal del diario español El País, y Lizárraga, en el marco de sus pesquisas de corrupción sobre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

    Finalmente, el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), también recibió esos mensajes cuando trabajaba en reforma legal anticorrupción.

    A este cúmulo de denuncias, la respuesta de la Presidencia fue lapidaria: "No existe hay prueba alguna de que agencias mexicanas estén involucradas en los espionajes".

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    derechos humanos, periodistas, ciberespionaje, México