"Lo primero que pidieron fue una auditoría de las urnas electrónicas; una acusación que fue absolutamente infundada", dijo Caetano en referencia al primer movimiento de la acusación, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuando perdió las elecciones de 2014 frente a Rousseff.
Según Caetano el proceso que desembocó en el juicio que se celebra ahora se debe al "inconformismo" del excandidato del PSDB Aécio Neves, que no aceptó su derrota en las urnas.
El abogado de la líder del Partido de los Trabajadores (PT) negó todas las acusaciones de financiación ilegal, que en los últimos meses partieron sobre todo del expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht; y de los expublicistas de Rousseff Mônica Moura y João Santana.
Para rebatir la idea de que la campaña falseó contratos con las empresas de los dos publicistas para recibir dinero irregular de la trama de Petrobras el abogado explicó que hay "8.000 documentos" que prueban que los servicios gráficos existían, porque se hacían en São Paulo y después se transportaban por Brasil.
En su opinión tanto Marcelo Odebrecht como Moura y Santana "mienten" en sus declaraciones a la Justicia.
El abogado también afirmó que todos los testigos escuchados en el proceso en el TSE aseguraron que no hubo dinero de la trama de Petrobras en la campaña de Rousseff.
"Se escuchó a delatores de todo tipo (…) y los 25 al unísono dijeron que no hubo dinero de Petrobras en la campaña", remarcó.
Según el abogado un documento demostró que era una donación de la constructora al partido de Michel Temer, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) que a su vez se transfirió a la campaña conjunta de Rousseff y Temer.
"Vimos que había contradicción; Azevedo rectificó su declaración y dijo que no hubo ninguna ilegalidad", remarcó Caetano para exculpar a Rousseff.
La expresidenta Rousseff podría perder sus derechos políticos si finalmente el TSE la considera culpable de "abuso de poder económico y político", tal como dice la pieza acusatoria del PSDB.
Esto significa que durante los próximos ocho años no podría presentarse como candidata para ocupar cargos públicos.
Si los magistrados del TSE no deciden hacer diferencia entre el caso de Temer y el de Rousseff y creen que los dos estaban al corriente de las irregularidades el actual presidente sería apartado automáticamente de la presidencia.
Ante ese escenario el Congreso Nacional tendría 30 días para elegir a un sustituto, aunque para ello la decisión del TSE tendría que ser firme y es algo que probablemente no ocurrirá esta semana, ya que cabe recurso de los abogados.
