"Debo expresarle, señor Procurador (Rodrigo Janot), que el retardo en la obtención de los elementos materiales de prueba solicitados a las autoridades de Brasil genera un grave riesgo en materia de impunidad, entre otras razones por la aplicación de los términos prescriptivos de la acción disciplinaria y la aplicación tardía de las sanciones a que haya lugar", dice la carta del procurador colombiano, Fernando Carrillo, divulgada por su despacho.
Es lamentable que Brasil no levante la reserva sobre las declaraciones de 78 ejecutivos de Odebrecht, no solo para que los procesos estén rodeados de total transparencia, sino para que los entes de control puedan terminar sus investigaciones, indica la carta.
"En aras de la persecución, de la acusación y de todo el proceso disciplinario y penal que se tiene que poner en marcha, lo ideal es que se produjera el levantamiento de esa reserva", sostuvo Carrillo.
Lo que requiere la fiscalía de Colombia para terminar las investigaciones "es tener todos los elementos de juicio para proceder en cada uno de los casos como toca".
Carrillo sustentó su solicitud de cooperación judicial internacional en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Odebrecht es investigada en 12 países por el pago de millonarios sobornos que le permitieron hacerse con contratos de obras públicas que le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.
En Colombia los sobornos habrían sumado 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014, correspondientes a los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y del actual presidente Juan Manuel Santos.
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El escándalo de corrupción de Odebrecht cobró mayores dimensiones en este país cuando se divulgó que financió en 2014 las campañas presidenciales de Santos y de su rival, le derechista Óscar Iván Zuluaga.
Las normas colombianas prohíben contribuciones a nombre de compañías nacionales e internacionales.
