"El Gobierno está haciendo un esfuerzo por mejorar esas relaciones", aseguró el ministro.
El relacionamiento con las organizaciones de DDHH tuvo un grueso quiebre luego de que varios funcionarios del Gobierno cuestionaran el número de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), consensuado por los organismos de derechos humanos en 30.000 personas.
"Hay algunas manifestaciones de algunos funcionarios fuera del área que fueron de algún modo inapropiadas, pero estamos aclarando y estamos trabajando para que no haya ninguna manifestación inadecuada", sostuvo el ministro.
El 22 de mayo Gómez Centurión fue sobreseído en una causa que había sido iniciada en su contra por "apología del delito".
Garavano habló específicamente de los cuestionamientos realizados al Gobierno de parte de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y aseguró que entendía y comprendía "su sensibilidad".
El ministro insistió en que el "cortocircuito" se había generado con "algunas organizaciones más involucradas en política partidaria" y no con Abuelas de Plaza de Mayo.
"Tenemos que hacer un equilibrio, creo que estamos haciendo un esfuerzo por lograrlo y esto es algo que se aprende conversando, por eso es tan importante el diálogo y seguir fomentándolo", aseguró Garavano.
La organización estima que en total 500 nietos fueron separados de sus progenitores como parte de un plan sistemático de apropiación de hijos de opositores políticos durante el terrorismo de Estado, de los cuales han sido hallados hasta ahora 122.
Lea más: Abuelas de Plaza de Mayo celebra en Argentina el hallazgo del "nieto 122"
Sesiones de la CIDH
"Es muy importante, porque marca de algún modo un estándar en derechos humanos y un compromiso del Gobierno con los derechos humanos más allá de cuestiones políticas", dijo Garavano a esta agencia.
Aunque las sesiones públicas que celebrará la comisión no tratarán la situación del país anfitrión, las disposiciones que realiza este organismo son muy tenidas en cuenta por el Ejecutivo.
"Nos fija ese objetivo al que tenemos que apuntar como país: el de sostener una política de Estado en derechos humanos y tener un compromiso mejor", expresó el ministro.
En concreto, el Gobierno de Argentina debe proponerse como meta la mejora "de las cárceles y del sistema judicial", admitió el ministro.
"Hay que lograr un mayor acceso a la justicia, hay que trabajar sobre la población vulnerable, y otro montón de cosas donde la CIDH marca estándares que el Gobierno tiene que seguir", reconoció.
Industrias extractivas, criminalización de los defensores de derechos humanos, garantía de derechos para las mujeres en el acceso a la justicia, la violencia contra las personas LGBTI y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cono Sur, son algunos de los temas que abordarán los comisionados.
La CIDH es el órgano técnico especializado en derechos humanos con autonomía e independencia de los órganos políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los siete comisionados que encabezan el organismo son independientes y elegidos por la Asamblea General de la OEA a propuesta de sus Estados miembro.
El actual secretario ejecutivo de la CIDH es el jurista brasileño Paulo Abrão.
Acuerdos con Rusia
Argentina y Rusia se comprometieron "en avanzar en la elaboración de un memorándum de entendimiento entre los dos ministerios y en rescatar algún acuerdo que se había firmado anteriormente y había quedado trabado en Argentina", señaló el funcionario.
El memorándum de entendimiento sobre cooperación, explicó Garavano, plantea un "acuerdo de extradición y cooperación jurídica, que ya se firmó y ahora debe ser ratificado por el Congreso" argentino.
Durante su estadía en Rusia el ministro participó del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, donde mantuvo un encuentro con su homólogo, Alexandr Konoválov.
Durante la reunión con Konoválov y con otros ministros de la región que participaron del foro, "se tocaron cuestiones sobre inversiones en América Latina y sobre la cooperación jurídica internacional", subrayó.
Lea más: CIDH inaugura en Argentina un nuevo período de sesiones
Garavano es ministro de Justicia desde diciembre de 2015, cuando asumió el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
