"Voy a denunciar a Edgardo Maya, que es finquero (hacendado) en el (departamento de) Cesar (norte) y aquí es socialista pro-FARC en Bogotá", dijo Uribe en diálogo con la emisora local Caracol Radio.
El martes, la Contraloría solicitó a la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique una acumulación superior a la estipulada por ley o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales que no cumplan con todos los requisitos legales.
El informe del organismo de control señala que son 33 los casos referentes a 322 predios, para un total de 123.482,89 hectáreas, algunos de ellos pertenecientes a Uribe y otros más a la familia del actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, así como a la organización Luis Carlos Sarmiento, uno de los conglomerados más poderosos de Colombia.
"Yo no puedo renunciar a la oposición a este camino castrochavista al cual nos llevan y que lo muestran estas decisiones de la Contraloría General", dijo Uribe, quien ha sostenido que este hecho se deriva del Acuerdo de Paz firmado con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en noviembre pasado y que guarda amplia similitud con el modelo de expropiación de la propiedad privada impulsado por el Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
El senador explicó que las 113 hectáreas que lo comprometen, y que hacen parte de la propiedad conocida como El Ubérrimo, fueron adquiridas en casos en los cuales habían salido del dominio del Estado, habían sido adjudicadas como lotes baldíos y estaban en propiedad de personas naturales y jurídicas cuando él las adquirió.
"A mi familia no le han adjudicado baldíos (…) los propietarios anteriores de esas tierras las recibieron adjudicadas (…) y ahora vienen con un atropello a los derechos adquiridos", consideró Uribe.
Destacó, asimismo, que las escrituras de tales predios se hicieron "cumpliendo los requisitos de ley".
Finalmente, el expresidente explicó que la demanda contra el Contralor está motivada por el daño a su reputación, ya que una compulsa de copias implica una acusación.
