"El Estado argentino y la Corte Suprema deben cumplir no solo el derecho interno sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional", afirmó en un comunicado el representante la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra.
En su crítica al fallo del alto tribunal, el delegado de Naciones Unidas sostuvo que "los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos; por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional".
Argentina ratificó en 1995 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad recordó Incalcaterra, un texto que establece "el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas".
La Corte Suprema de este país también debe tener en cuenta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de Viena para "no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional".
Tres de los cinco jueces que avalaron este fallo fueron denunciados ante la justicia argentina por el delito de prevaricato.
El Gobierno de Mauricio Macri, que en un principio manifestó su respeto por la decisión de la Corte, modificó su posición en los últimos días.
Este miércoles se celebrará una manifestación para rechazar el fallo de la Corte Suprema, mientras varios legisladores intentarán desde las dos Cámaras del Congreso que se impida la aplicación de la ley "2x1" en otros casos de delitos de lesa humanidad.
