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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La fiscal federal argentina Ángeles Ramos presentó un dictamen a la justicia en el que considera inconstitucional la ley que aplica el beneficio penitenciario conocido como "cómputo del 2x1" para crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y que fue avalado por la Corte Suprema.

    "El informe de la fiscal fue presentado ante el Tribunal Oral Federal Número 6", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

    La fiscal rechazó así el pedido de un represor de la dictadura, el excapitán Víctor Gallo, el primer condenado en solicitar que se le aplique el mismo beneficio que la Corte Suprema reconoció esta semana en otra causa de lesa humanidad.

    Gallo, en prisión desde 2010, fue condenado en 2012 a 15 años de cárcel por la apropiación de Francisco Madariaga en una causa que investigaba el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.

    El año pasado, el represor fue sentenciado a una única pena de 25 años de prisión, al unificarla con otras anteriores.

    En otro caso, el máximo tribunal del país consideró rescatable, por tres votos a favor y dos en contra, la ley 24.390 sobre los plazos de prisión preventiva que computa como dobles los días en prisión a partir del segundo año mientras la condena no esté firme.

    Por eso la norma, derogada en 2001, es conocida como "2x1".

    Más aquí: Corte Suprema argentina acepta cómputo "dos por uno" para delitos de lesa humanidad

    La Corte Suprema resolvió aplicar esta ley en el caso de otro represor, Luis Muiña, sentenciado a 13 años de prisión por integrar un comando paramilitar en el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a opositores.

    Como los crímenes de lesa humanidad se consideran imprescriptibles al no caducar en el tiempo, la Corte Suprema consideró que la ley derogada podía regir en estos casos por ser la más benigna.

    Muiña, condenado por aplicar tormentos, estaba en libertad desde noviembre del año pasado después de que el Tribunal Oral Federal Número 2 le concediera el beneficio de la libertad condicional tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

    Respuesta de entidades de DDHH

    Organismos de derechos humanos han denunciado que el fallo de la Corte Suprema podría permitir la liberación de cientos de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad.

    "La situación de Gallo no es igual a la de Muiña, por lo cual vamos a discutir en el tribunal que no se le aplique el beneficio a Gallo, aunque sabemos que va a ser una discusión ardua", anunció el abogado de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud.

    La asociación de derechos humanos pidió a la justicia que se le permita opinar ante las solicitudes de libertad que planteen los condenados.

    Abuelas de Plaza de Mayo busca restituir a sus legítimas familias a hijos de muertos o desaparecidos durante la dictadura, que fueron sustraídos por agentes de ese régimen o cómplices cuando eran bebés o niños de muy corta edad y dados en adopción ilegal.

    Hasta ahora, la organización ha recuperado la identidad de 122 nietos, de los 500 que se estima fueron separados de sus progenitores.

    Otro condenado por la apropiación de un bebé, Héctor Girbone, acaba de solicitar su excarcelación de acuerdo al beneficio del 2×1.

    El Tribunal Oral Federal Número 6 resolverá la petición de la fiscal Ramos en los próximos cinco días hábiles.

    Además:

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    Etiquetas:
    crímenes de lesa humanidad, Argentina
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