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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, Javier De Luca, se pronunció a favor de revocar la condena impuesta a la dirigente social Milagro Sala como supuesta instigadora de un escrache en 2009 al actual gobernador de la provincia de Jujuy (norte), Gerardo Morales.

    "De Luca solicitó revocar la condena de la dirigente por el escrache a Morales", informaron a Sputnik fuentes judiciales.

    Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso el 28 de diciembre de 2016 por "daños agravados", pero fue sobreseída de la acusación de amenazas.

    La misma sentencia recibieron Graciela López y Gustavo Salvatierra, dos dirigentes de la organización barrial Túpac Amaru que lidera Sala, quien además es representante al Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), aunque no pudo asumir su escaño.

    La querella había pedido ocho años de prisión y la fiscalía tres años de arresto en suspenso durante el juicio oral y público que dirigió el Tribunal Oral Federal nº 1 de Jujuy.

    Al considerar que la acusación de amenazas ha prescrito, De Luca solicitó que se declare nula la acusación de la querella de parte del gobernador Morales, en el poder desde diciembre de 2015.

    El fiscal del tribunal de apelaciones objetó que la condena a Sala se basó en la presunción de que ella actuó como autora intelectual del escrache, un supuesto que "debió haberse demostrado judicialmente" en el proceso.

    Para atribuir determinados delitos es necesario presentar pruebas "que permitan alcanzar cierto nivel de certeza respecto de su participación", señaló De Luca.

    El funcionario recordó que Sala no participó en la instigación contra el actual gobernador, que tuvo lugar en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde Morales y los entonces auditores generales de la Nación, Leandro Despouy y Alejandro Nieva, acudieron a brindar una conferencia.

    El fiscal denunciará por falso testimonio a los únicos testigos que atribuyeron la idea del escrache a la dirigente social, bajo la sospecha de que por su declaración fueron recompensados con un puesto de trabajo en la Gobernación de Jujuy.

    La Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, deberá pronunciarse al respecto.

    La dirigente social se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016, acusada actualmente del supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, entre otros delitos.

    El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas instó el pasado octubre al Gobierno argentino a que liberara de manera inmediata a Sala por considerar que su detención era arbitraria.

    Una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará el próximo mes de mayo a la líder de Túpac Amaru.

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    Milagro Sala, Argentina
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