"Acnur se lavó las manos porque dice que no podemos volver a nuestro país porque hay guerra", indicó Ibrahim Alshebli, quien junto a unas 15 personas, entre ellas varios niños, acampa desde hace tres semanas frente a la Torre Ejecutiva (sede del Gobierno).
Alshebli dijo además que las autoridades uruguayas no cumplieron con lo que prometieron cuando los ciudadanos sirios arribaron al país.
"Nos dan una casa y 40.000 pesos al mes (unos 1.420 dólares), pero para 15 personas; pero no conseguimos trabajo", aseguró.
El 10 de abril los sirios solicitaron al secretario de Derechos Humanos del Gobierno uruguayo, Nelson Villarreal, poder dialogar con representantes de Acnur para plantearles su intención de irse del país.
Villarreal había anunciado para el día siguiente una conferencia de prensa sobre la situación pero prefirió esperar a que los funcionarios de Naciones Unidas llegaran a Uruguay.
Alshebli afirmó que la semana pasada recibieron la visita de Michelle Alfaro, Oficial Regional de Protección del Acnur, cuya sede se ubica en Buenos Aires, Argentina, y le pidieron regresar a su país.
Alfaro respondió que era imposible acceder al pedido debido a la guerra que se está desarrollando en Siria.
El Gobierno uruguayo también les dijo que no pueden salir del país, dijo Alshebli.
"Estamos pidiendo para volver a Siria o a cualquier país, pero la prioridad es Siria porque es mi país; en el Líbano (país limítrofe con Siria), yo vivo bien", explicó.
Por otra parte, el diputado uruguayo Pablo Abdala, del opositor Partido Nacional, pidió el martes que el Ministerio del Interior retire a la familia de refugiados sirios que está acampanado frente a la sede del Gobierno, según informó el diario El País.
Abdala explicó que la permanencia de los refugiados en ese lugar contraviene la ley de faltas, una normativa nacional que prohíbe acampar o pernoctar en espacios públicos.
Al respecto, Alshebli dijo que si las autoridades "arreglan" su salida del país, no piden "más nada" y se van.
En 2014, Uruguay reasentó a cinco familias sirias, conformadas por un total de 42 personas, pero la ampliación de la iniciativa, que iba a llegar a 120 personas, se suspendió por problemas en la integración y su inserción en el mercado laboral.
El conflicto armado entre el Gobierno sirio y numerosos grupos de oposición y organizaciones terroristas estalló el 15 de marzo de 2011.
Según la ONU, desde entonces unas 300.000 personas han muerto, 13,5 millones necesitan ayuda humanitaria de emergencia y el costo de brindarles asistencia este año ascenderá a más de 3.000 millones de dólares.
