"A través del canciller, Heraldo Muñoz, solicitamos al Estado que mantenga su interés en el cumplimiento de la condena de Harmut Hopp en Alemania, según lo solicitado por la Corte Suprema y en virtud de la Ley de Cooperación Penal Internacional", dijo Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD), en un comunicado.
Desde la organización civil requirieron la iniciativa del Ejecutivo para abordar los crímenes cometidos en Colonia Dignidad, ubicada en la región sureña del Maule, por parte de los dirigentes del enclave "que han cometido delitos que autorizan su persecución internacional extraterritorial".
Hopp, condenado por la justicia chilena a cinco años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, logró fugarse de Chile rumbo a Alemania.
En junio de 2016, luego de tres años de gestiones con la Cancillería y los tribunales locales, la Fiscalía alemana de Krefeld pidió declarar ejecutable la condena chilena, representando y transmitiendo así la solicitud al Estado chileno.
Pese a esto, hasta hoy Hopp permanece impune y en libertad, indicó Romero.
"Existen otros casos en los que el Gobierno chileno ha nombrado abogados para que representen los intereses del Estado chileno en otros países y así avanzar en los procesos judiciales", indicó la organización.
La Asociación requirió además la tramitación de un convenio de colaboración entre Chile y Alemania, para esclarecer causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Este tipo de acuerdos ya han sido concretados durante la administración de la presidenta, Michelle Bachelet, con países como Argentina, Uruguay y Brasil.
El Parlamento alemán busca avanzar en materia de justicia y reparación de las víctimas de Colonia Dignidad, ahora llamada Villa Baviera, a raíz de la propuesta de un grupo de legisladores que visitó recientemente el lugar, encabezados por la diputada del Partido Verde Alemán, Renate Künast.
Durante la dictadura de Pinochet, las dependencias de Colonia Dignidad se utilizaron como un centro de detención clandestino para los opositores al régimen, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos.
Bajo el liderazgo del exmilitar nazi Paul Schäfer, miles de personas fueron violentadas en dicha comunidad, que funcionó hasta 1991.
Desde 1956, colonos alemanes integraron en dicho asentamiento una secta que fue descubierta años después, a causa de las denuncias levantadas en contra de Schäfer por maltrato, abusos sexuales y torturas en contra de los propios colonos y habitantes del enclave.
