"El Gobierno de Israel está desesperado por frenar este movimiento pacífico de derechos humanos", que insta a terminar con "los crímenes de lesa humanidad cometidos a nivel institucional", denunció el Coordinador para América Latina del Comité Nacional Palestino BDS, Pedro Charbel, en Santiago.
El movimiento busca promover desde 2005 la igualdad de derechos para los ciudadanos no judíos de Israel (25% de la población), que son discriminados con 50 leyes promulgadas por el Parlamento, a la vez que pide garantizar la posibilidad de retorno de los refugiados palestinos.
En 2013, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo estimó que la mitad de los 10 millones de palestinos en el mundo viven fuera de sus tierras, mientras un tercio habita en campamentos de desterrados.
La diáspora palestina condena además la reciente aprobación de una ley que prohíbe la entrada al país a cualquier ciudadano, local o extranjero, que haya expresado su apoyo al boicot de Israel.
Según Charbel, el BDS está provocando millonarios perjuicios a Israel, debido a la pérdida de participación en los mercados de Europa, la caída en sus fondos de inversión de 46% y la baja en la venta internacional de armamento de hasta un 50%.
"Latinoamérica es la segunda opción para Israel, ya que no logra cerrar contratos comerciales con los países de Europa", precisó Charbel.
En 2016, estudiantes de la Universidad Católica y Universidad de Chile rompieron relaciones académicas con sus pares de Israel, por su respaldo a las políticas del régimen.
Brasil, por su parte, puso fin a dos acuerdos comerciales con la empresa israelí de artículos de defensa Elbit Systems, y la firma Mekorot, que se niega a construir cañerías para abastecer con agua potable a más de 150.000 palestinos de 46 aldeas.
México, en tanto, lidera una cruzada para que la multinacional CEMEX deje de participar en la construcción de asentamientos ilegales en Israel y de explotar las canteras palestinas de Cisjordania.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó a finales de diciembre de 2016 la resolución 2334, que fuerza a Israel a cesar de inmediato todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental.
Un reciente informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental del organismo declaró que Israel impone un régimen de segregación racial a los palestinos, lo que transgrede el derecho internacional.
