"La decisión sienta un precedente preocupante que podría tener como resultado que Colombia viole su obligación de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los derechos humanos", dijo HRW en un comunicado de respaldo a las organizaciones colombianas.
El juez alegó que el caso es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC para procesar a los actores de crímenes asociados con el conflicto armado, pero que aún no entra en operación.
"Resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes", destacó HRW.
La JEP y sus beneficios solamente procederán para delitos que no sean de lesa humanidad y cuando sus responsables se presenten libremente y reconozcan los crímenes.
Finalmente, HRW respaldó el argumento de las organizaciones colombianas según el cual la decisión del juzgado "parece ser inconsistente con la legislación colombiana y con disposiciones del propio Acuerdo de Paz con las FARC", aprobado el pasado 24 de noviembre en Bogotá.
Estos homicidios, junto a los de cientos de jóvenes y menores de edad, se conocen en Colombia como "casos de Soacha", y su revelación obligó al Gobierno colombiano a tomar medidas, incluida la destitución de 27 oficiales, para frenar estos homicidios sistemáticos del Ejército.
Entre 2002 y 2008, brigadas del Ejército en todo el país asesinaron a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, en lo que se conoció como "falsos positivos".
