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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Procuraduría General de la República de México (fiscalía federal) clasificó secreta por cinco años la investigación sobre 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht afirma que pagó como sobornos a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el diario La Jornada.

    "La Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso", dijo el periódico mexicano al publicar la respuesta oficial a una solicitud basada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

    La solicitud de información pública fue presentada por un particular, y la respuesta de la fiscalía federal fue que "negará cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por el lapso de cinco años", dice el reporte publicado en la portada del periódico nacional.

    La respuesta de la institución encargada de la procuración federal de justicia, indica en el documento que "las expresiones documentales solicitadas (…) se encuentran clasificadas como reservadas".

    Esta negativa ocurre "mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos", dijo el diario mexicano.

    Secreto por ley de transparencia

    La fiscalía respondió que su decisión está basada en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México.

    Asimismo señaló que el secreto establecido se basa en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información.

    El escándalo regional escaló cuando Odebrecht y su subsidiaria Braskem se declararon culpables ante el departamento de Justicia de EEUU por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países y aceptaron abonar una multa por un total de 3.500 millones de dólares a ese país, Suiza y Brasil.

    El Gobierno de EEUU hizo público entonces que, para obtener contratos de obra pública, Odebrecht corrompió a funcionarios de México con 10 millones de dólares, e hizo lo propio con funcionarios de Argentina (35 millones de dólares), Colombia (11 millones), Ecuador (33,5 millones), Guatemala (18 millones), Perú (29 millones), Panamá (59 millones), República Dominicana (92 millones) y Venezuela (98 millones).

    El caso comenzó a abrirse en Brasil, gracias a reformas basadas en el principio de "máxima publicidad" y "delación premiada", y su principal dueño, Marcelo Odebrecht, fue condenado a más de 19 años de prisión por asociación criminal y lavado de dinero en ese país sudamericano, donde los sobornos sumaron 439 millones de dólares.

    En México 10 exfuncionarios de Pemex de alto nivel, al parecer de la filial Pemex Refinación, fueron señalados como beneficiarios de los pagos ocultos, para permitir a la empresa brasileña y su subsidiaria la asignación del complejo petroquímico de polietileno Etileno XXI, una planta que entró en operación en 2016.

    Sin embargo, la petrolera estatal decretó como documentos secretos los contratos con Odebrecht, dijo a la agencia Sputnik, a principios de marzo pasado, el investigador del caso, Raúl Olmos, de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    "Nos comunicaron que los documentos han sido clasificados por tres años, mientras dura la investigación federal, y el contenido de uno de ellos será secreto por 20 años", dijo a esta agencia el autor de la pesquisa independiente, encomendada por MCCI al ganador del premio nacional de periodismo de investigación en México en 2009.

    "Hicimos solicitudes a la Unidad de Transparencia de Pemex desde noviembre del año pasado; primero nos dijeron que sí nos autorizaban (a) tener acceso a los contratos y luego de dilaciones, esta semana (primera de marzo de 2017) nos cerraron la puerta", relató Olmos.

    En entre otros avances del caso, en Perú fue detenido Edwin Luyo, expresidente del comité de licitación de una línea del Metro de Lima, por recibir más de ocho millones de dólares, mientras que en Colombia fue detenido el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por recibir 6,5 millones de dólares por el contrato de un tramo carretero de 500 kilómetros.

    Además:

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    Etiquetas:
    Procurador General de México, Odebrecht, Pemex, México
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