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    "Negligencia del Senado mexicano deja sin fiscal al nuevo sistema anticorrupción"

    © Sputnik / Mikhail Kutuzov
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue instalado en México, pero el fiscal y otros magistrados de la nueva maquinaria institucional no han sido designados por negligencia del Senado, dijo a Sputnik la experta Fernanda Gómez Abán.

    "Por negligencia del Senado la nueva pieza SNA ha sido instalada de manera incompleta, porque el cargo de fiscal anticorrupción no ha sido nombrado y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa aún no cuenta con magistrados en la sección encargada de sancionar los actos de corrupción", dijo Gómez Abán, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que participa en el proceso por la sociedad civil.

    Este paso decisivo para combatir el segundo problema social que más preocupa a los mexicanos, después de la inseguridad pública, "es un hecho afortunado e inédito en México, aunque hay cabezas faltantes en el órgano rector que debe ser completado antes de que se cumpla en pocas semanas el plazo" previsto a fines de abril, dijo la académica graduada por el Centro de Investigación y Docencia Económica.

    "Por la indolencia de los senadores que priorizan el interés político" las autoridades y legisladores no han respondido a la urgencia para llegar a esa fecha con todos los actores del SNA listos para combatir la corrupción, que le cuesta al país al menos cinco por ciento del Producto Interno Bruto, lamentó la investigadora.

    La fiscalía anticorrupción creada en febrero de 2014 fue un gran paso, después de la reforma constitucional, pero por tercera vez se habría incumplido el plazo que los mismos senadores establecieron en diciembre de 2016, para designar al máximo inquisidor del sistema.

    Con todo, es un avance la designación de la respetada investigadora Jacqueline Peschard como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, observó.

    Una carrera de obstáculos

    De los 32 candidatos presentados por la sociedad civil se eligieron tres expertos idóneos, formados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el CIDE, en una lista presentada al Senado.

    "Pero los legisladores decidieron que no tenían obligación de aceptar la terna, porque esa selección final no era vinculante, y se detuvo el proceso hace dos semanas", lamentó la experta.

    Al final de una larga carrera de obstáculos, el sistema anticorrupción fue aprobado en 2015, tras una prolongada negociación de una reforma constitucional, pero las siete leyes que son el corazón legal del sistema solo entraron en vigor el 19 de julio de 2016.

    A partir de allí se fijó un plazo de un año, que será una fecha histórica para México: el 19 de julio de este año.

    Ese día debe estar todo el sistema completo, para comenzar a establecer las responsabilidades administrativas, sanciones y penas, para que sean inhabilitados los funcionarios corruptos, entre otros castigos.

    Un episodio curioso empañó el proceso: dos aspirantes a fiscal federal anticorrupción cometieron plagio al presentar ponencias idénticas en sus candidaturas.

    Es parte de la cultura política corrupta, "pero lo insólito es que por primera vez se hayan detectado casos de esta magnitud en el Senado y se evalúen los perfiles idóneos" dijo la experta buscando la cara positiva del bochornoso evento.

    "Por esa razón, es decisivo que el fiscal no sea un servidor público de carrera, sino alguien con distintas experiencias y capacidades, necesarias en la lucha anticorrupción", explicó.

    El nuevo andamiaje puede nacer cojo, sin el fiscal, porque el sistema penal no tiene todavía un ejecutor, pero sí existe el sistema y un presidente del tribunal de justicia administrativa.

    "Esas instancias analizan las vías económicas e institucionales para ordenar sanciones, por ejemplo la disolución de empresas y penas de índole laboral o penal", añadió Gómez Abán.

    Las penas, que aún deben ser actualizadas por el SNA, van por dos vías: pecuniarias o económicas, para pagar hasta dos tantos de lo robado, y la inhabilitación o suspensión administrativas.

    En el caso de las empresas, también pueden ser sancionadas y disueltas, al tiempo que desaparece el secreto financiero.

    "El fiscal establece las penas de cárcel, en las cuales no hay límite", advirtió Gómez Abán.

    Los castigos podrían incluir la sanción de "muerte civil de funcionarios", por la cancelación de su acceso a nuevos cargos públicos, pero también es posible encausar por la vía penal, porque el código penal ya fue actualizado.

    Si el sistema de transparencia es puesto en marcha en julio de 2017, estaría menos afectado por el calendario político de 2018, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.

    Así, los castigos por los 10 millones de dólares en sobornos pagados la constructora brasileña Odebrecht a la petrolera estatal Pemex y otras emblemáticas malversaciones multimillonarias de fondos públicos, podrían ser dictados por el martillo del nuevo fiscal anticorrupción, puntualizó la experta.

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    Etiquetas:
    corrupción, Senado de México, México
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