La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá, por lo cual "los uniformados deberán pagar penas de entre 37 y 52 años de prisión", informó la emisora local RCN Radio.
Entre los implicados se encuentra un mayor retirado y un teniente retirado, quien para la época de los hechos era oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander (nordeste) y que resultó condenado a 46 años de prisión.
La justicia consideró que se trata de un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible.
"La Fiscalía logró probar que las víctimas, oriundas de Soacha, fueron reclutadas mediante engaños y conducidas al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate en agosto de 2008", agregó la emisora con base en declaraciones recogidas en el juzgado.
El juzgado agregó que la condena no impide que estos 21 militares puedan solicitar beneficios penales ante a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a lo cual se oponen las madres de los jóvenes asesinados.
La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, como un tribunal de justicia transicional para juzgar delitos cometidos en el conflicto por guerrilleros desmovilizados, agentes del Estado y particulares.
Se cree que miles de civiles fueron asesinados como "falsos positivos" durante el Gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010).
Estos muertos eran presentados ante la opinión pública como guerrilleros caídos en combate y por ellos los miembros de las Fuerzas Armadas recibieron ascensos, distinciones y premios como "reconocimiento" a su labor de contraguerrilla.
