El texto, adoptado por consenso cuando en la sala permanecían 21 países miembros y cuatro de ellos se abstuvieron, se refiere a la situación venezolana como una "grave alteración constitucional".
"Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación" a la separación de poderes, señala la declaración.
Asimismo, se resuelve solicitar a Caracas que se ocupe de que rija el ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho.
Los firmantes se comprometen asimismo a seguir ocupándose de la situación de Venezuela y a emprender las gestiones diplomáticas que sean necesarias para asegurar el retorno de la democracia, "incluyendo la consideración de la Carta Democrática Interamericana".
Sesión polémica
Anteriormente, la asamblea rotativa del Consejo Permanente pasó a Bolivia, cuyo representante permanente Diego Pary suspendió el lunes la convocatoria, aduciendo problemas formales.
Sin embargo, los estados que habían solicitado la sesión insistieron en celebrarla.
La asesoría legal de la OEA aclaró entonces que cuando presidente y vicepresidente del Consejo se ausentan, la sesión puede proceder si se logra un quórum de 12 estados y la presidencia recae en el embajador que tenga mayor antigüedad.
Así, la sesión fue presidida por el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.
El embajador Pary se sumó al inicio de la sesión y acusó a sus pares de "golpismo".
La sesión comenzó con una intervención especial de la canciller argentina Susana Malcorra, quien transmitió la posición adoptada por cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que decidió iniciar la aplicación de la cláusula democrática del bloque a Venezuela, país que se encuentra suspendido como miembro pleno de ese bloque.
Los países que asistieron a la sesión pero se abstuvieron fueron Bahamas, Belize, El Salvador y República Dominicana.
