"En esta oportunidad Venezuela planteará todos los argumentos jurídicos que tiene para desmontar un acto totalmente arbitrario, alejado de la legalidad del Mercosur", pues se trata de "una intolerancia política manifiesta que lo que busca es alejar a Venezuela de esta organización integracionista para darle un rumbo incierto que se desapega de su marco jurídico", dijo este 17 de marzo el coordinador nacional de este país para el Mercosur, Héctor Constant.
"En las reuniones pasadas hemos planteado una hoja de ruta, una manera de volver a la institucionalidad y confiamos en el resto de los estados pueda volver a la sindéresis y garantizar que se respete la institucionalidad", añadió.
Venezuela desea que este proceso se resuelva "a través del diálogo pacífico, civilizado", continuó Constant, y agregó que el país "no escatima cualquier esfuerzo jurídico que pueda venir en defensa de los derechos de Venezuela, del Mercosur y de la región".
Lea más: "Suspensión de Venezuela del Mercosur se basa en 'absolutas mentiras'"
De esta forma, el país sudamericano notificó el jueves a los árbitros potenciales para atender cualquier acción jurídica que pueda darse en un futuro, dijo Constant a la prensa.
En ese sentido, esta reunión muestra que el proceso no está estancando, señaló Constant.
También recordó que su país no reconoce ninguna acción del Mercosur que sea adelantada sin Venezuela, ya que las normas del bloque "son específicas al señalar que todas las decisiones deben ser tomadas por consenso y con la presencia de todos sus estados parte", añadió.
"No queremos entorpecer el proceso integracionista, sino fortalecerlo", sostuvo.
Respecto al informe elaborado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la situación venezolana en el que pide elecciones generales con observación internacional, Constant se limitó a decir que "desafortunadamente se ve que hay una conexión en este intento de aislar a Venezuela".
El 2 de diciembre, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay acordaron el "cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur de Venezuela", con lo que este país quedó sin derecho a voto.
Los países miembros acusan a Venezuela de no haber incorporado a su acervo normativo 112 resoluciones y unas 300 normas.
Caracas presentó su objeción a dicha suspensión el 30 de noviembre de 2016, y solicitó la activación del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur.
