Los 83 nombres, entre los que se espera que estén diputados, senadores y ministros de varios partidos, se mantienen en secreto por el momento.
Además de las 83 peticiones de investigación el fiscal brasileño también pidió que 221 casos se deriven a la primera instancia de la Justicia –que juzga a las personas sin foro privilegiado—y que se archiven siete casos.
Ahora el magistrado del Supremo Edson Fachin, encargado de la Operación Lava Jato, deberá decidir sobre la apertura de esas investigaciones.
No hay un plazo determinado para la apertura o archivo de las investigaciones o para que las derive a otras instancias judiciales menores.
La lista emitida ahora por Janot es la consecuencia directa de una fase de la Operación Lava Jato en que la policía se incautó de una plantilla en la que se registraban pagos a más de 200 políticos.
A partir de ahí las investigaciones llevaron a la detención o interrogatorio de decenas de directivos de la empresa, que decidieron colaborar con la Justicia a cambio de ver reducidas sus penas.
El contenido de esas declaraciones, que fue homologado por el Supremo hace unas semanas, sirvió de base a Janot para elaborar la lista de quiénes deberían ser investigados por presuntos delitos de corrupción.
Esta es la segunda gran lista de Janot con peticiones al Supremo; la primera llegó a la corte Suprema en marzo de 2015 y contenía 28 casos para el Supremo.
Tan solo cinco políticos fueron imputados y ninguno fue condenado hasta ahora.
El Supremo investiga, juzga y condena únicamente a políticos con foro privilegiado –diputados, senadores, ministros, etc, en ejercicio de su poder—y suele ser más lento que la justicia ordinaria.
En este otro ámbito es donde se sitúa el juez de la Lava Jato Sérgio Moro, que investiga a los implicados en la Lava Jato que no tienen foro privilegiado, como por ejemplo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
