"Colombia aún enfrenta amenazas directas que debe combatir (…) como enfrentar a las bandas criminales y a la guerrilla del ELN, sin descontar la lucha que deberá reforzar frente a los cultivos ilícitos, por lo que no es conveniente que reduzca ahora el número de efectivos, algo de lo cual es consciente el propio Gobierno", dijo a Sputnik el analista Javier Leandro Garay, investigador de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.
La cifra resulta relevante dentro del contexto de América Latina, pero no se compara con la dimensión de los recursos que en ese campo maneja por ejemplo Estados Unidos, menos aún después del reciente anuncio del presidente Donald Trump de que aumentará su presupuesto de defensa para 2018 a 54.000 millones de dólares, 10% más respecto a este año.
Bajo ese contexto, el robustecimiento del pie de fuerza en Colombia ha sido un tema polémico en los últimos años, al punto de que cobró protagonismo en las elecciones presidenciales de 2014, cuando el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, quien entonces optaba por la reelección, prometió desmontar el servicio militar obligatorio una vez llegado el armisticio con las FARC.
Dicho armisticio se logró finalmente en noviembre de 2016, pero la promesa aún no ha sido cumplida.
La iniciativa finalmente se congeló, y son varios los sectores que agradecen que así hubiera sido, de lo contrario se habrían visto sacrificados recursos destinados a investigación y educación en un contexto en el que la inversión en defensa lleva la mayor partida (junto con la salud) pese a contar con un escenario de paz en el horizonte.
El presupuesto en defensa, sin embargo, continuó aumentado progresivamente: en 2010 fue de 7.000 millones de dólares y fue ascendiendo de manera escalonada hasta llegar en 2015 a 9.100 millones, en 2016, a 9.340 millones, y a 9.570 millones de dólares para el año en curso.
Pero a futuro no todo pinta bien en materia de recursos para el sector, que para este año espera contar con una ayuda de EEUU de 450 millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo, desminado y lucha contra los cultivos ilícitos en el marco del posconflicto.
Recientes declaraciones del secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, dieron cuenta de que la Casa Blanca planteó para 2018 un recorte de 37% en los fondos destinados a programas de ayuda internacional del Departamento de Estado, lo que desde ya genera preocupación en Colombia.
"Es muy probable que el impacto sea negativo, lo que perjudicaría sobre todo la lucha contra el narcotráfico que se libra en el país", consideró ante esta agencia Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.
Tres de las instalaciones militares son de la Fuerza Aérea Colombiana, dos de la Armada y dos del Ejército, pero tienen en común que se encuentran ubicadas en zonas estratégicas (algunas de ellas fronterizas) por su fácil conexión con países vecinos de la región.
Poderío militar
Varios sectores sociales de Colombia consideran que el gasto militar es excesivo y subrayan que si el mismo se redujera a la mitad en 2017 se podría igualar los presupuestos de salud y educación y duplicar el presupuesto de ciencia y tecnología, al tiempo que sobraría dinero suficiente para construir en un año 60 colegios y 10.000 viviendas de interés social.
La influencia de los militares es tal en el país que incluso el Gobierno debió designar a un excomandante de las FFMM, el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, como integrante de los diálogos de paz con las FARC, al tiempo que el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional, y quien en pocos días asumirá la Vicepresidencia de Colombia, cumplió también con su cuota en las negociaciones con el grupo rebelde.
Ahora el aparato militar mantiene la lupa sobre la aprobación en el Congreso de la Justicia Especial para la Paz, por medio de la cual se juzgará a uniformados y guerrilleros que cometieron crímenes en el marco del conflicto.
