Entre las acciones aplicadas por el Estado ecuatoriano se encuentra la propia Constitución, "normativa garantista de derechos aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en 2008, además del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el que cuenta el Ecuador, para prevenir y sancionar casos de desapariciones forzadas", dijo el Ministerio de Justicia.
La ministra Ledy Zúñiga indicó asimismo que el Gobierno demostrará "una vez más" ante el foro mundial que "es un país garante de los derechos fundamentales" y que "muestra de aquello es la adhesión y suscripción de todos los instrumentos internacionales en esta materia".
Parte del informe incluirá la labor de la Comisión de la Verdad que permitió reabrir casos de violaciones de derechos humanos ocurridos particularmente entre 1984 y 1988 y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas para posteriormente promulgar la Ley de Víctimas "que reconoce y repara integralmente a las víctimas de delitos de lesa humanidad".
La Comisión de la Verdad, creada en 2007, se encargó de investigar, sancionar y reparar los daños derivados de las violaciones cometidas no solo entre 1984 y 1988, sino también en años posteriores marcados por la inestabilidad política.
Las observaciones finales sobre el informe que presentará Ecuador serán expuestas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el próximo 17 de marzo en la página web oficial del organismo internacional.
La delegación ecuatoriana estará integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, Seguridad, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Educación, Interior y Relaciones Exteriores, así como por delegados de la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Procuraduría General.
