"La Junta observa que el Gobierno del Uruguay ha seguido aplicando medidas encaminadas a establecer un mercado regulado para el uso de cannabis con fines no médicos (…) la Junta desea reiterar su posición de que tal legislación es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas", dice el informe 2016 de la JIFE divulgado este jueves.
Uruguay aprobó en 2013 la ley que autoriza la plantación y cosecha de marihuana por parte de particulares, y también por parte del Estado para que esta pueda ser consumida con fines recreativos.
Si bien la junta de la ONU (Organización de Naciones Unidas) reconoce que "esta política aún no se ha aplicado plenamente", también recuerda que la convención de 1961 estipula que los estados partes están limitados a suministrar "estupefacientes" con fines "médicos y científicos".
Uruguay creó tres vías legales para que los particulares puedan obtener cannabis con fines no médicos: cultivo en casa, clubes sociales y farmacias registradas.
En marzo del año pasado se abrió un registro para los farmacéuticos que deseen vender cannabis.
Según la legislación uruguaya las farmacias no podrán vender a cada usuario una cantidad superior a los 40 gramos mensuales.
El Gobierno ha demorado la venta en farmacias alegando falta de organización para llevar a cabo el proceso de manera legítima y segura.
La JIFE es un órgano independiente y cuasi judicial que fue establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
