"Hay ocho personas encarceladas como autores materiales del asesinato, la mayoría son exmilitares, integrantes de grupos paramilitares y militares en activo, (pero) su captura es una forma de enmascarar la impunidad que hay detrás de este crimen", pues los "autores intelectuales" están libres, aseguró Zúniga Cáceres.
La justicia hondureña "solo ha tocado a las personas que estuvieron vinculadas como autores materiales" y no se han llevado a cabo otras investigaciones, insistió la joven.
Agua Zarca es un proyecto hidroeléctrico previsto para el río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara (noroeste), una región habitada por indígenas lencas.
Tampoco se investigó a los funcionarios públicos que la activista había denunciado en 2015 por supuestas "amenazas de muerte, de secuestro e intentos de soborno", dijo su hija.
"Después de una guerra mediática y jurídica en su contra, finalmente fue asesinada", lamentó.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a balazos en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Su familia responsabiliza al Estado y a la compañía DESA de su asesinato, al que califica de "crimen político", por las amenazas proferidas "por parte del personal de esta empresa, desde el personal de seguridad a los miembros de la junta directiva", dijo Zúniga Cáceres.
La familia también pide que no siga adelante Agua Zarca, proyecto suspendido pero cuya concesión sigue activa, explicó Zúniga Cáceres a esta agencia.
Asimismo, los parientes denuncian que no se les ha permitido tener acceso al caso y que en estos 12 meses se han producido numerosas irregularidades.
En septiembre, por ejemplo, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se llevaba el expediente a su casa fue asaltada y amenazada por cuatro hombres cuando conducía su vehículo tras salir del trabajo; el expediente fue robado.
Tras el crimen de Berta Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras, considerado el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según una investigación de Global Witness publicada en enero.
Según datos de esa organización, desde 2010 han muerto más de 120 activistas.
"Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo", señala la investigación.
Otros tantos han sido amenazados o encarcelados.
