El ministro Ricardo Blanco, acogió el requerimiento de la justicia peruana recibido en enero pasado, al establecer que "existen presunciones fundadas para estimar la participación de Fujimori en los delitos", ocurridos durante su mandato.
En respuesta a los tratados vigentes, Perú debe solicitar a Chile un "permiso" para imputarle al exmandatario nuevas faltas.
El país vecino busca dilucidar la responsabilidad de Fujimori en el asesinato de seis personas en la localidad limeña de Pativilca, en 1992, además de su posible participación en el secuestro y desaparición de nueve estudiantes y un profesor, según consignan los medios peruanos.
La resolución establece que la agrupación ilícita que involucra a Fujimori, "poseía una amplia estructura operativa, de naturaleza clandestina, con una cadena de mando jerarquizada", entre otras características.
"Si bien, de manera preliminar, la política estatal de seguridad implementada por el imputado, no habría sido diseñada para atacar a víctimas civiles, en la práctica sí se hizo", agregó el legislador.
La Corte Suprema precisó que los delitos que se le atribuyen al exmandatario "se encuentran plenamente vigentes", ya que responden a crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles, de acuerdo a la normativa internacional de derechos humanos.
Desde su extradición a Lima, Fujimori cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
