"La decisión del Gobierno nacional afecta las garantías del debido proceso legal y el derecho a la tutela judicial efectiva de los migrantes", dijo a Sputnik el director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
El 30 de enero Macri modificó a través de un decreto la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.
En opinión de Morales, el decreto "no explica ni justifica cuáles son las razones de urgencia extraordinarias que imposibilitarían discutir la reforma en el Congreso", señaló al explicar la denuncia ante la justicia.
Las organizaciones se presentaron el jueves ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que se reunió para analizar el decreto migratorio del Gobierno.
Ante los legisladores de la Comisión, el CELS objetó que el Poder Ejecutivo dio a entender "que hay un problema serio de seguridad" a través del decreto con "datos sacados de contexto".
La resolución presidencial afirma que los extranjeros son el 4,5% de la población total del país, mientras que representan el 33% de los presos federales vinculados a causas de narcotráfico.
"Sin embargo, solo el 6% del total de las personas detenidas en todas las cárceles de la Argentina son extranjeros", constató el CELS.
Vulneración de derechos
"Además, para agravar más la situación de indefensión, el DNU obliga a presentar el recurso judicial por escrito, fundado y con patrocinio letrado", señaló Morales al observar que esto perjudica a los extranjeros con menos recursos económicos.
A comienzos de febrero, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron otra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno por el decreto migratorio.
