"Queremos evitar que a un boliviano puedan echarlo por cualquier infracción", señaló a Sputnik y medios bolivianos el presidente del Senado de Bolivia, José Alberto Gonzáles, a su salida del encuentro en la Cancillería argentina.
Consultado sobre las diferencias entre la ley migratoria boliviana y la argentina, el senador indicó que la normativa argentina es "parecida a la boliviana", pero que tiene "algunos elementos que la distinguen".
"Nos deja la impresión de que hay un criterio en contra de lo que es la filosofía de la norma (argentina), que es la presunción de inocencia", comentó.
En la ley boliviana, sin embargo, con la condena no es suficiente, porque "tiene que ser en firme, tiene que ser una sentencia ejecutoriada".
Durante la audiencia celebrada en Cancillería, que fue "positiva y favorable" según Gonzáles, el vicecanciller argentino les informó de que el Código Penal del país prevé infracciones que no necesariamente conllevan penas de prisión.
Por "leyes argentinas" pueden incluirse también los códigos contravencionales que dependen de cada jurisdicción, y que por delitos menores también contemplan sanciones de cárcel.
La normativa boliviana, sin embargo, identifica los delitos por los que un extranjero puede ser expulsado, explicó el presidente del Senado boliviano.
"Aquí no está demasiado claro, nos da la sensación de que hay un margen demasiado amplio", afirmó Gonzáles.
Por este motivo, las autoridades bolivianas quieren saber cuáles son las "causales por la cual (los bolivianos) pueden perder su condición de migrante".
El ministro recordó que Argentina y Bolivia son signatarios de normativas internacionales y de declaraciones de derechos humanos.
"En principio no es el decreto en sí el que tiene el propósito de estigmatizar", sino que han sido determinadas declaraciones "las que han enrarecido el ámbito de la aplicación de la norma", consideró el senador.
Bolivianos presos en Buenos Aires
La polémica saltó después de que Bullrich asegurara hace unos días que "en el tema de las drogas, el 33% de los presos federales son extranjeros", así que había "que ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú".
Hay 39.000 presos en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires (la más importante y poblada del país), de los cuales sólo 190 son bolivianos, y de ellos, sólo 14 están vinculados a causas del narcotráfico, aclaró Gonzáles.
"Alguien que no conoce las cifras y hace declaraciones desconociendo las cifras, está ignorando parte de la realidad", objetó el presidente del Senado.
El funcionario reconoció que no han obtenido disculpas del Gobierno argentino por las afirmaciones de la ministra, aunque "sí hemos notado un aflojamiento de los discursos, lo que nos parece razonable y prudente".
Como integrante de la comisión boliviana, el Ministro boliviano de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, coincidió también en que el único "objetivo del decreto es detener el ingreso de personas que vienen a delinquir y cometan delito en territorio argentino".
La comisión se reunió con representantes de la comunidad boliviana tras llegar a Buenos Aires. El propósito de la comitiva es volver a encontrarse con referentes bolivianos una vez dialoguen con la ministra de Seguridad y con el director de Migraciones.
