"Es una decisión que permite desconcentrar competencias presidenciales en el vicepresidente ejecutivo y así cumplir con el planteamiento que hace la Constitución venezolana cuando en el artículo 238 crea ese organismo (la vicepresidencia), que es directo y colaborador del presidente", explicó el abogado Hermann Escarrá.
Escarrá, corredactor de la Constitución de 1999, explicó que el artículo 239, que detalla las funciones del vicepresidente, especifica que este debe ejercer las atribuciones que le delegue el presidente.
"En el orden constitucional no hay nada que objetar; en el desarrollo del artículo 239, numeral 9, cuando se elaboró esta norma el punto era desconcentrar la actividad presidencial, (de modo que) las competencias que tuviera, precisamente, delegarlas en un funcionario de alta competencia nacional", explicó.
Por su parte, el también jurista Juan Manuel Rafalli, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a esta agencia que "no es escandaloso lo que se hizo" desde el punto de la delegación administrativa de funciones.
Más aun, "el acto de delegación que se le ha hecho (a El Aissami) no se requería, básicamente porque para muchas de las cosas para las cuales se lo está habilitando ya el vicepresidente de la República estaba en facultades", añadió.
Pero, a juicio de Rafalli, esta decisión envía un mensaje más allá de la lectura jurídica.
"Desde el punto de vista político sí tiene una lectura clara, que es la señal de empoderar y de darle mucho más peso específico no al cargo de vicepresidente, sino a quien en este momento lo está ejerciendo; es un mensaje puertas adentro", opinó.
En este terreno, para Escarrá se trata de una decisión política "correcta" que busca agilizar la gobernabilidad y el cumplimiento de los cometidos.
"La veo como una consolidación de un equipo de trabajo que está haciendo grandes esfuerzos por el bien de Venezuela", expresó.
En cuanto a las opiniones de diversos analistas que han circulado por los principales medios de ese país, acerca de una presunta transición de poder, Escarrá estimó que "no tienen sentido".
La única transición posible se dará una vez el presidente Maduro culmine los dos años de gestión que le restan y se vaya a un nuevo proceso de elecciones presidenciales, según el constitucionalista.
Entre las facultades delegadas al vicepresidente El Aissami se incluyen aprobar y firmar actos para otorgar jubilaciones especiales a funcionarios y empleados de la administración pública, y aprobar, negar o diferir puntos de cuentas de ministros para solicitud de adquisición de divisas del sector público ante el Banco Central.
El Aissami podrá asimismo dictar decretos para declarar la insubsistencia de los presupuestos de egresos de ministerios y para exonerar total o parcialmente el pago del Impuesto al Valor Agregado sobre importaciones definitivas, ventas de bienes y prestaciones de servicios.
El vicepresidente podrá también exonerar parcialmente el pago del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimientos obtenidos por sectores estratégicos o provenientes de proyectos especiales de desarrollo.
