La movilidad humana "es un derecho inherente a la condición del ser humano" y "cualquier práctica contraria o que intente minimizar los derechos de las personas en movilidad debe ser rechazada desde cualquier punto de vista", dijo Peña, representante de los ecuatorianos residentes en EEUU y Canadá.
La asambleísta se refirió de esta manera a las órdenes ejecutivas de Trump en relación al muro en la frontera con México y al veto al ingreso de refugiados y ciudadanos de países islámicos.
También al decreto firmado por Macri para endurecer los controles migratorios en sus fronteras.
"No se puede ni se debe criminalizar la migración y Ecuador siempre ha sido un país de puertas abiertas; incluso luego de las dictaduras en el cono sur, muchos ciudadanos se refugiaron en Ecuador, que jamás ha rechazado a nadie por el hecho de ser migrante", recordó.
Ecuador garantizó los derechos de los migrantes a través de la Constitución de 2008 con el fin de equilibrar los derechos de las personas, la seguridad ciudadana y el buen vivir.
Asimismo, la ley de movilidad, avalada en días pasados por Correa, reconoce que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que nadie será ilegal por su condición migratoria.
La normativa regula el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana.
Entre otros aspectos, norma el ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad desde o hacia el territorio ecuatoriano.
Asimismo, establece los requisitos para la obtención de una condición migratoria temporal o permanente y para la naturalización de personas extranjeras.
Según datos oficiales, la población extranjera residente en el país se calcula en 2,3% respecto a la totalidad de la población.
Esto quiere decir que existen, de forma regular, alrededor de 368 mil ciudadanos extranjeros viviendo en Ecuador, provenientes principalmente de Colombia, Perú, Estados Unidos, España, Cuba, Haití y Venezuela.
