"Celebramos poder recomponer la realidad" de las tarifas, señaló el ministro en una conferencia de prensa transmitida por su ministerio.
En este "proceso de normalización del mercado eléctrico", la subida del precio mayorista de la electricidad se desdoblará entre febrero y marzo hasta alcanzar los 620 pesos (39 dólares) por megawatt hora (MWh).
"Vamos a desdoblar el aumento para que la incidencia en febrero sea menor, porque es un mes de alto consumo residencial, y que se complete en marzo", señaló Aranguren.
El propósito del Gobierno de Mauricio Macri es reducir los subsidios de manera paulatina para los grandes consumidores para que el Estado deje de aportar dinero para 2019, último año de gestión del Gobierno.
Los usuarios residenciales con un consumo de hasta 150 kWh pagarán un 61% más en promedio, mientras que los que se ubiquen en la franja que oscila entre los 150 y los 300 kWh pagarán un 77% más.
En una factura de luz, el 27% del costo equivale al precio estacional, como se conoce a la generación y al transporte de la energía eléctrica.
Otro 47% abona los gastos de distribución, mientras que el 26% restante son cargas impositivas.
El precio de la distribución depende de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales del país, salvo en el área metropolitana de la ciudad y de parte de la provincia de Buenos Aires, donde interviene el Gobierno.
Nada más asumir en diciembre de 2015, el Gobierno decretó la emergencia eléctrica hasta finales de 2017.
Las tarifas de la luz aumentaron por primera vez en el primer semestre de 2016 entre un 200% y un 300%, y las del agua, hasta un 375%. También el precio del gas subió hasta un 400% el año pasado.
"La distribución de energía eléctrica va empeorando" a pesar de los incrementos en las tarifas, de modo que "la política energética que está desarrollando del Estado es de ganancia para las empresas", manifestó el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano.
En noviembre de 2016, el Gobierno de Macri perdonó una deuda de 19.000 millones de pesos (1.250 millones de dólares) a las compañías distribuidoras de energía eléctrica en compensación por el congelamiento de las tarifas que aceptaron durante 2014 y 2015, durante la anterior gestión.
