La dimisión colectiva se produce después de que De Moraes aprobara alterar el número de integrantes del consejo, añadiendo ocho miembros.
En la actualidad la mayoría, 13 de los 18 existentes, fueron nombrados durante la gestión del gobierno de Dilma Rousseff.
Para los funcionarios que dimitieron el ministro quiere así "un consejo vasallo de su intención truculenta e irracional para lidiar con los problemas de Brasil".
"La actual política criminal capitaneada por el Ministerio de Justicia, sin diálogo y basada en la fuerza pública, tenderá a producir tensiones en el núcleo de nuestra sistema de prisiones, con el riesgo de radicalización de los últimos acontecimientos trágicos a los que asistió, estupefacta, la sociedad brasileña", dice la carta.
Los dimisionarios critican la gestión de De Morares de la crisis de seguridad en las cárceles brasileñas, que desde el 1 de enero viven continuos motines y matanzas entre presos que ya han dejado al menos 136 muertos.
Critican las palabras del ministro de que se necesitan "más armas y menos investigaciones", así como los aires "populistas y simplificadores" de los problemas del país y el uso de las Fuerzas Armadas en las cárceles.
También lamentan que el Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue presentado rápidamente en medio de la escalada de violencia en las cárceles, se haya elaborado sin ningún tipo de debate con la sociedad ni con las instancias consultivas del ministerio, como el propio CNPCP.