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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Cinco organizaciones de derechos humanos en Argentina cuestionaron en un comunicado conjunto la próxima reforma migratoria que prepara el Gobierno.

    "El texto (de la reforma) es una regresión para los derechos de las personas migrantes y una política clara de exclusión social", señalaron las entidades.

    Las instituciones pudieron corroborar que el Ejecutivo de Mauricio Macri modificará la ley de Migraciones y la de Ciudadanía por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y no a través del Congreso.

    "El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual", informaron.

    En primer lugar, amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; además autoriza la revisión de todas las radicaciones que ya fueron otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, al margen del tipo de delito o la situación procesal de la persona.

    La reforma del Ejecutivo también "modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada".

    Además, la reforma "elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión".

    "La propuesta también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es 'legal'", alertaron las organizaciones.

    Esta medida resucita una disposición que había adoptado la última dictadura del país (1976-1983) y que había eliminado el posterior Gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989).

    El efecto de la reforma migratoria "será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley", advirtieron.

    "La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal", sostuvieron.

    Un extranjero que subsiste de la venta callejera, por ejemplo, podría ser denunciado penalmente por su actividad, o bien por resistir a un desalojo en la vía pública.

    Los jueces y fiscales, además, "tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas".

    Si además esta modificación se realiza por decreto, se elude la intervención del Parlamento, con lo que se estarán dando "señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos", añadieron las entidades.

    Esto contradice la Constitución, que prohíbe legislar por DNU sin los requisitos exigidos.

    Aunque esta reforma ha sido encuadrada por Macri como parte de un política de seguridad, no tiene por destino a quienes cometan delitos graves, sino que amplía y endurece el control "de quienes cometen delitos menores o ilegalismos (como la venta callejera)".

    "Hace años que la asociación entre migrantes y delito es utilizada por los gobiernos, siempre con los mismos fines: instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes y, al mismo tiempo, mostrar un supuesto compromiso con la prevención del delito que evita abordar los problemas graves de seguridad y violencia", concluyeron.

    Las entidades firmantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina.

    El 4% de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.

    El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa el 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al último censo oficial de 2010.

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