"Necesitamos una justicia más eficiente, cercana y dinámica que dé respuestas", señaló el presidente argentino Mauricio Macri durante la ceremonia de la transferencia.
El objetivo de esta medida es reforzar el sistema federalista de Argentina y así cumplir con el artículo 129 de la Constitución, el cual reconoce que la ciudad de Buenos Aires "tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción".
"El traspaso busca devolver las herramientas al lugar donde tienen que funcionar, que la justicia nacional dé solución a problemas federales", comentó Macri.
Durante su intervención, el mandatario recordó que a dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la justicia todavía no ha determinado si se trató de un asesinato o un suicidio.
En el acto también participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y de Justicia y Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo.
En contra
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó la transferencia impulsada por el Ejecutivo nacional.
La medida "no mejorará el servicio de justicia que se les presta a los habitantes de la Ciudad y, en cambio, conspirará contra su derecho a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes", señaló la organización en un comunicado.
"Resulta irreal que el traspaso pueda mejorar el servicio de justicia, ya que las causas penales seguirán siendo atendidas por el mismo número de personas y en el mismo territorio", manifestaron.
Desde la reforma constitucional de 1994, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un distrito autónomo independiente del resto de las 23 provincias del país
