La actual Ley de Migraciones ordena la retirada de la residencia y la expulsión del país de los extranjeros que hayan sido condenados a más de cinco años de prisión; el Gobierno quiere modificar la normativa para agilizar el proceso.
"No podemos tardar ocho años en que ese trámite se termine, porque eso hace a nuestra seguridad", indicó el presidente a los periodistas en la Casa Rosada (sede el Gobierno).
En este sentido, Argentina intentará fortalecer la colaboración con otros países "para saber quién es quién" de cuantos intentan ingresar al país, añadió.
Por ello, el Ejecutivo reorganizará las fuerzas de seguridad y reforzará el control de las fronteras para controlar el avance del narcotráfico.
"Esto es un largo camino, no es de un día para otro", manifestó.
Según el mandatario, Argentina se ha transformado "en un país atractivo para el crimen organizado y no tan organizado".
"Hay un avance sistemático del delito y la violencia", aseguró el presidente.
Argentina reconoce los derechos de libre tránsito y residencia que rigen dentro del Mercosur (Mercado Común del Sur) y que se aplican también a los países asociados, lo que en la práctica abarca a casi toda América del Sur.
El Ministerio de Seguridad firmó en agosto un convenio con Migraciones para crear un centro exclusivo para personas extranjeras que tengan antecedentes penales o ingresen al país de manera irregular.
