"Las investigaciones (…) en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército y la Policía, que fueron los que permitieron que tras la Operación Orión los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara desarrollaran todo tipo de violaciones en la Comuna 13 (de Medellín), no marchan como deberían marchar", señaló la abogada María Victoria Fallon a la emisora local W Radio.
Las declaraciones de Fallon se conocen luego de que el 10 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano "por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín".
El Estado también fue condenado "por no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".
Según la CIDH, el caso tiene que ver "con la situación de riesgo y violencia sufrida" por cinco defensoras de derechos humanos, entre las cuales se encontraba Ana Teresa Yarce, "así como el impacto generado en sus familiares".
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Las mujeres fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones en desarrollo de varios operativos que el Gobierno Nacional, durante el mandato del presidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), realizó para recuperar el control de la Comuna 13 en Medellín en el marco de un estado de excepción que implicó la suspensión de derechos y en el cual se desarrolló la cuestionada Operación Orión.
El organismo internacional determinó que la detención fue ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas.
Yarce fue asesinada en el 2004, y a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo "el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida".
También consideró que Colombia no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer.
La CIDH indicó que las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia, ante lo que el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro.
