"Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por el delito de corrupción y para que tú puedas despedir a una persona que ha sido sentenciada por corrupción hoy, aunque el hecho lo haya cometido hace cinco años", señaló la ministra de Justicia, Marisol Pérez, reseña el diario Correo.
La corrupción es uno de los asuntos que la población de Perú percibe como prioritarios para resolver y, en ese sentido, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya dijo durante el balance de sus primeros tres meses que seguirá implementando acciones contra este delito.
Además de este decreto, el Gobierno aprobó 13 más sobre temas relacionados con simplificación administrativa y justicia, entre otros.
