Un total de 50 agentes de la policía están realizando búsquedas en 20 lugares repartidos en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Santa Catarina, según informó la Policía Federal.
Todo parte de una petición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentada poco después de que Rousseff ganara las elecciones, para dilucidar si hubo abuso de poder político y económico en su campaña.
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La principal acusación es que la campaña fue financiada en parte con dinero de sobornos desviado de Petrobras, una sospecha que tanto las defensas de Rousseff como Temer negaron.
El pasado 16 de diciembre el Ministerio Público Electoral dijo haber encontrado "fuertes trazos de fraude y desvío de recursos" en las empresas contratadas por el comité electoral.
Si finalmente el TSE comprueba la existencia de esas irregularidades podría autorizarla casación de la candidatura conjunta de Rousseff y Temer, lo que en la práctica apartaría al actual presidente del poder.
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En ese caso se produciría una elección indirecta, a través de una votación en el Congreso Nacional, ya que prácticamente ya se ha rebasado más de la mitad del mandato que Rousseff comenzó el 1 de enero de 2015.
