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    SANTIAGO (Sputnik) — La petición de perdón que realizará un grupo de exmilitares chilenos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), generó molestias en el penal en el que están presos por estos delitos, ya que algunos de los oficiales detenidos se oponen a la medida.

    "Varios (exuniformados) consideran que han sido injustamente condenados por fallos fundados en simples presunciones judiciales y ficciones jurídicas sin que existan pruebas directas de participación en los delitos que se les imputan", afirmó al diario El Mercurio, el abogado de la multigremial de las Fuerzas Armadas y representante de los militares retirados encarcelados, Raúl Meza.

    El conflicto surgió tras conocerse que al menos seis exmilitares presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet realizarán una ceremonia ecuménica este viernes para pedir perdón por los crímenes cometidos.

    Según Meza, existen otros reclusos del complejo penitenciario Punta Peuco, donde están detenidos los exagentes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos, que no comparten la reivindicación de quienes decidieron expresar remordimiento por los sucesos que motivaron su sentencia y arresto.

    El jurista apuntó que el arrepentimiento debe ser un acto individual y no colectivo, donde se solicita al "humanismo laico" la justicia y no venganza, y a la iglesia católica la misericordia para "ancianos y enfermos".

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    "El acto de reconocimiento personal, espontáneo y voluntario que harían algunos internos de Punta Peuco es un acto de justa reparación espiritual que se hace a las familias de las víctimas, pero este no tiene ningún sentido si no hay actitudes de misericordia y perdón por parte de ellas", sentenció el abogado, respecto a los presos que ofrecerán sus disculpas.

    Meza agregó que sin duda existen otros internos que "legítimamente" no están dispuestos a pedir perdón, por las razones mencionadas.

    La iniciativa programada para este viernes, junto a la solicitud que hicieron sus familiares al Gobierno de excarcelar, por "razones humanitarias", a los mayores de 80 años y a quienes sufran enfermedades terminales, ha suscitado un gran debate en este país sudamericano.

    Mientras algunos juristas, entre ellos el ministro de Justicia, Jaime Campos, y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se encuentran a favor de conceder beneficios como la libertad condicional a los violadores de derechos humanos, otros rechazan enfáticamente esta postura.

    "Consideramos que no se están respetando los convenios internacionales y se están equiparando los crímenes comunes con los de lesa humanidad, lo que para nosotros es nefasto", había dicho anteriormente en declaraciones a Sputnik Nóvosti sobre este tema, la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

    De la ceremonia, que tendrá lugar dentro de la propia cárcel, participarán el sacerdote jesuita Fernando Montes y el pastor anglicano y excapellán del Palacio La Moneda (sede del Gobierno), Alfred Cooper.

    Según los medios de comunicación locales, entre quienes pedirán perdón se encuentra el ex subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann, condenado hasta 2037 por varios delitos contra los derechos humanos.

    También participará Fernando Torres Silva, apresado en 2015 por el asesinato en 1992 en Uruguay del químico Eugenio Berríos, también integrante de la DINA.

    La prensa no tendrá permitido el acceso a la ceremonia, sin embargo el acto será presenciado por autoridades que actuarán como testigos de fe.

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    dictadura, Augusto Pinochet, Chile
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