"Montoya estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el hemisferio occidental en los últimos años", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un informe publicado este martes.
Sin embargo, "abogados con conocimiento detallado del caso" dijeron a ese organismo "que la investigación aparentemente se encuentra paralizada por decisión de las actuales autoridades de la Fiscalía General de la Nación", por lo que llamó al actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a reactivar el caso contra Montoya.
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De acuerdo con el reporte de HRW, en octubre pasado ese organismo tuvo acceso a cientos de páginas de transcripciones de testimonios prestados por seis generales del Ejército a la Fiscalía General de la Nación en audiencias celebradas a puerta cerrada entre agosto de 2015 y enero de 2016.
Tales testimonios "sugieren de manera convincente que el general Montoya sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería haber sabido, sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo".
Las nuevas evidencias a las que tuvo acceso HRW demuestran que Montoya tenía motivos para saber sobre los "falsos positivos" porque "tenía un conocimiento detallado sobre las muertes en combate, acceso a reportes creíbles de falsos positivos, y sabía de las circunstancias implausibles de muchas de las bajas reportadas".
Finalmente, esta organización consideró preocupante que la investigación penal de Montoya y otros oficiales pueda verse frustrada por la posibilidad de que varios casos de falsos positivos sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial ad hoc creado por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte del Acuerdo de Paz que ambas partes suscribieron el pasado 24 de noviembre.
"Esta jurisdicción podría aplicar una definición restrictiva del principio de 'responsabilidad de mando' que beneficiaría a los altos mandos del Ejército bajo investigación por los crímenes cometidos por sus subalternos", destacó HRW.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en esos delitos.
