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    Las víctimas de la esterilización forzada en Perú

    ONG peruana recurre decisión fiscal de archivar denuncias de esterilizaciones forzadas

    © AFP 2019 / Ernesto Benavides
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La organización peruana Demus presentó el lunes un recurso de queja contra la decisión de la fiscal Marcela Gutiérrez de archivar 77 denuncias de mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1996-2000).

    "Nos estamos quejando para ir a segunda instancia para lograr justicia para (víctimas que fallecieron a consecuencia de estas prácticas como) Mamérita Mestanza y Celia Ramos y todas aquellas mujeres afectadas", dijo a Sputnik la directora de la ONG feminista Demus, María Ysabel Cedano.

    Bajo el mandato de Fujimori (1990-2000) se implantó en Perú un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 mujeres, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su mayoría indígenas.

    El Gobierno argumentó que tales procedimientos fueron consentidos por las mujeres.

    Pero el caso de Mamérita Mestanza, campesina que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada, abrió camino para que el Estado iniciara la investigación, indicó Cedano, pues en 2003 Perú suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas.

    "Llevamos más de 14 años luchando por justicia, ellos (el Gobierno) querían acabar con la pobreza, disminuir la tasa de fecundidad y así violaron derechos humanos", agregó la activista y abogada, quien también insistió en destacar que "este no es un caso cualquiera".

    Cedano también indicó que la fiscal Gutiérrez "tiene que saber que en un contexto de violencia política, de pobreza extrema, de racismo y machismo hacia las mujeres pobres campesinas simplemente se violó su consentimiento” al practicárseles ligaduras de trompas sin ser informadas.

    La fiscalía ya había archivado parcialmente la investigación en anteriores ocasiones, recordó Cedano a esta agencia, y aseguró que seguirán luchando para que se haga justicia.

    En julio Gutiérrez archivó la denuncia contra Fujimori y sus ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996) y Marino Costa (1996-1999) y el actual congresista Alejandro Aguinaga, al considerar que no existió un aparato organizado de poder que ejecutara las esterilizaciones forzadas.

    Sobre este punto, Cedano aseguró que la fiscal "ha recibido 1.700 nuevos casos y no ha querido investigar" ni siquiera cuando "según datos de la ministra de Justicia, ya existen 2.000 casos en el registro de víctimas de esterilización forzada".

    Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), brinda asesoría a Victoria Vigo, esterilizada en 1996, y a la familia de Celia Ramos, quien falleció en 1997 a consecuencia de estas prácticas.

    Al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fueron sometidas.

    Etiquetas:
    esterilizaciones forzadas, Alberto Fujimori, Perú
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