El crimen de Antezana Cueto se cometió durante el Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y los otros cuatro bajo la administración de Alberto Fujimori (1990-2000).
La llamada guerra sucia se extendió entre 1980 y 2000 y comprendió el combate a las guerrillas Sendero Luminoso (maoísta) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
El Estado no aportó datos sobre la suerte de estas personas y estos crímenes se encuentran en la "impunidad total", apunta la CIDH.
La CIDH ya había pedido a Perú que investigara de manera completa e imparcial el paradero de los cinco ciudadanos, que castigara a los culpables, que identificara y entregara los restos a sus familiares y que realizara acciones de reparación moral, compensación justa y difusión de la verdad.
También la CIDH y la Corte han pedido en reiteradas ocasiones a Perú que reforme su ley penal para tipificar de manera adecuada el delito de desaparición forzada.
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Sin embargo, el Estado peruano no ha cumplido con ninguna de estas recomendaciones, por lo que la CIDH pasa ahora el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con facultades para juzgar si los Estados cumplen con los tratados hemisféricos en esta materia.